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Sin embargo, para ello se requiere una mano firme de la actual titular de la institución, Sandra Quiñónez, quien había prometido combatir la corrupción interna.
Según fuentes, el sobreseimiento provisional otorgado por la mayoría de los fiscales, especialmente en casos donde hay mucho dinero en juego, genera fuertes sospechas. Las fuentes agregaron que este requerimiento se ha convertido en una forma de blanquear a procesados por contrabando, evasión, daño al patrimonio del Estado y varios otros delitos.
Dijeron que es necesario que la fiscala general del Estado revise las actuaciones de los agentes de las distintas unidades y en especial las de los Delitos Económicos.