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El pasado 15 de junio el Ministerio de Educación firmó contrato con un total de 12 empresas constructoras (dos aún están en evaluación debido a que recibieron protestas) que fueron adjudicadas en el marco de la licitación “Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos”, a través de la cual se deben intervenir 676 instituciones, para lo cual existen más de US$ 70 millones del FEEI (Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación).
Según el calendario de intenciones del MEC, en el mes de agosto ya se debería haber inaugurado el 20% de las obras, como lo expresó en su oportunidad el ministro de Educación, Enrique Riera; sin embargo estas aún no empiezan debido a que dependen de que se asignen las empresas que fiscalizarán los mencionados trabajos.
El ministro de Educación explicó que la convocatoria y licitación de las firmas fiscalizadoras se lanzó en paralelo con la licitación de obras, pero recién acaban de ser adjudicadas. “Ya autoricé que se firme contrato con todas las empresas fiscalizadoras para que inicien los trabajos la semana que viene. Tengo que firmar los contratos y dar la orden de inicio”, dijo Enrique Riera.
El ministro apuntó que sin las empresas fiscalizadoras no se pueden arrancar los trabajos de construcción ya que estas deben entregar los certificados de inicio.
Con relación a las dos adjudicaciones que recibieron protestas, el ministro agregó que apenas se resuelva el conflicto van a “arrancar cuanto antes”, y añadió que “si Dios quiere” el resto de las obras comenzarán la semana que viene.
El plan de trabajo de intervención en 676 instituciones educativas del país contempla la construcción de más de 2.000 aulas, 190 laboratorios y bibliotecas, 426 baños sexados, 486 comedores escolares, 138 espacios para primera infancia, 259 bloques administrativos y 2.191 obras exteriores.
Las obras deberían culminar en 270 días, que serían aproximadamente nueve meses, pero cada 60 días las constructoras deben entregar el 20% de los trabajos, según lo establecido en el contrato firmado con el MEC.
Estas obras no se realizarán en todas las instituciones que están con riesgo de derrumbe. Más de 2.200 en estado crítico no tienen planes de inversión.