Puede que no lo tengamos siempre tan a la vista, pero –entre otros casos, como la detención de la exdiputada Cynthia Tarragó en Estados Unidos– la investigación que realizaron la Policía Federal y la Fiscalía de Brasil en el marco del “operativo Patrão” ha de corrernos la venda de los ojos. Y nos ha de obligar, como sociedad, a exigir que el Poder Judicial nacional deje de ser cómplice de tamañas atrocidades.
Sergio Quintiliano Neto o “Minotauro”, preso este año, está sindicado como líder del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC) en la frontera entre Amambay y Ponta Porã, Brasil. Se le atribuye una seguidilla de asesinatos en esa zona del país.
Documentos encontrados por la Federal prueban que Minotauro utilizaba para el tráfico de cocaína desde Bolivia, la pista de aviación de la familia Mota, dueña de frigoríficos y estancias en Amambay.
Mientras estaba prófugo de la Justicia de Brasil y Paraguay, los Mota refugiaron a Darío Messer en su casa. Messer está procesado en Brasil por lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico y el contrabando de cigarrillos, entre otros delitos.
El expresidente Horacio Cartes y Messer tienen una amistad de años. Juntos crearon lo que hoy es el banco Amambay. Luego, Cartes abrió por su lado Tabesa, que fabrica la mayor parte de los cigarrillos nacionales llevados de contrabando al Brasil.
Darío Messer utilizó nuestro país durante años para lavar ese dinero manchado con sangre de guerras narcos y también el proveniente del contrabando. Como un gran señor, instaló empresas, abrió cuentas en los bancos, compró bonos del Estado. Todo con el silencio cómplice de nuestras instituciones públicas, entonces lideradas por su “hermano del alma” convertido en presidente de la República, Horacio Cartes, al que Messer llamó “Patrão”. De ahí el nombre del operativo brasileño.
Como se verá, la sangre derramada en asesinatos ordenados por Minotauro en la frontera, acompaña los billetes que luego se lavaron por medio de la organización criminal liderada por Messer, protegido por años por Cartes y toda la estructura gubernamental nacional. No sabemos cuánto de este dinero fue a parar a campañas políticas. Pero sí sabemos que si esto no se investiga y se castiga en Paraguay, la sangre seguirá manchando nuestros billetes. Está en manos del pueblo insistir en que la impunidad acabe de una vez por todas.