El escándalo que representa el registro de miles de títulos universitarios falsos en el Ministerio de Educación no tiene precedentes. Se trata de un esquema que, con toda impunidad, independiente de los gobiernos y los partidos políticos, operó por casi 30 años. Hasta un golpe de Estado y una pandemia hubo en el medio, y la mafia siguió operando como si nada.
A días de una nueva rendición de cuentas del Gobierno de Santiago Peña, la falta de medicinas oncológicas y cardíacas para pacientes pediátricos, matizada con trabas burocráticas, transforma el relato oficialista del “gigante que resurge” en un monstruo que devora el futuro de los niños.
Con la voz quebrada, Benicia Albrecht, de la Federación Paraguaya de Pacientes Unidos por la Lucha, pide al Gobierno que priorice a los niños en la provisión de medicamentos que hoy, no hay en los hospitales. Una comunidad indígena protesta; el cuerpo de un joven fallecido en Asunción les fue enviado tirado en un camión, putrefacto. En las escuelas, los chicos se sientan sobre troncos y escriben con lápices invisibles: los útiles prometidos, no llegaron. Hemos tocado fondo. Santiago Peña, date cuenta.
Hay terror en el Hospital Central del IPS. Y con la gota de sudor frío que recorre el cuello de internados y el de sus familiares, hay también un hilo de esperanza, de un milagro salvador. Es tan profunda, tan sistémica, la negligencia reinante en la atención médica, que quien ingresa como paciente, no sabe si saldrá vivo. Los responsables no son monstruos salidos de una ficción. Son los gerentes, el Consejo Directivo, su presidente, Jorge Brítez, y Santiago Peña, a estas alturas dopado por su propio ego, que sigue viajando, subido a su nube de pedo.
De enero de 2023 a enero de 2026, 119 mujeres murieron en Paraguay en casos de feminicidio; quedando más de 218 huérfanos. Detrás de cada víctima hay una escalofriante historia de terror, marcada por la violencia extrema de hombres que las consideraban de su propiedad. Una historia que se repite en cientos de mujeres sobrevivientes de ataques, y en miles de casos de violencia familiar que fueron denunciados, pero el Estado y muchos vecinos prefirieron ignorar.
