Solamente doce diputados votaron en contra de este esperpento de ley. El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis y ha enceguecido a la mayoría de los diputados. Corrompidos ellos, protegen la corrupción y a los corruptos, construyéndose a su medida el escudo protector de una ley. No ven que al hacer una ley evidentemente inmoral e injusta, han pervertido la esencia de toda ley, que es defender y poner en orden la justicia y el derecho de toda la sociedad. ¿Tiene sentido, se puede hacer y llamar ley a una serie de artículos normativos intrínsecamente contradictorios con la naturaleza de una verdadera ley?
No soy especialista en derecho, pero tengo elementos suficientes en mi bagaje cultural para pensar que esta ley no es compatible con nuestra Constitución Nacional. Ciertamente atropella el concepto y la realidad de un estado de derecho, donde no caben pretendidos privilegios sin fundamento alguno. ¿Puede haber ciudadanos a los que siendo funcionarios públicos se les exima de la verdad y se les permita el fraude otorgándoles el apoyo explícito al engaño con una ley?
Con esta ley la mayoría de los diputados han traicionado al pueblo, han desnudado su verdad inconfesable: que están en la Cámara Baja del Congreso no como representantes del pueblo y para defender los intereses del pueblo protegiendo y promoviendo el Bien Común, sino que están ahí por el placer que les da el poder y para el servicio y beneficio de sus propios intereses sociales, políticos y económicos. Están olvidando lo que dice la Constitución Nacional, que el poder es del pueblo y que se les ha concedido temporalmente a ellos, mediante el sufragio, para que lo ejerzan al servicio de la nación; olvidan que es el pueblo su mandante, quien les paga y muy generosamente, para que trabajen por el bien del pueblo y no para hacerse cómplices o delincuentes sosteniendo la corrupción y a los corruptos, que le roban al pueblo. Estamos hablando del abc de la vocación y la responsabilidad política en democracia.
La producción y sanción de esta ley destapan la prepotencia y el abuso de poder de sus autores. Usan la ley, su tiempo de trabajo, su cargo para imponer arbitrariamente a la sociedad una normativa, nada menos que con rango de ley, que perjudica gravemente a toda la sociedad y al Estado como tal, condicionando en pésimas condiciones al Poder Judicial, atando las manos de los fiscales y jueces que nada podrán hacer ante esa corrupción protegida por la ley, y al Poder Ejecutivo que tiene que seguir pagando a funcionarios que le engañan, le roban y se burlan de todos cínicamente.
El abuso de poder de los diputados es irritante, además de escandaloso. Los que deben ser un “honorable” ejemplo intachable para la ciudadanía se han convertido en gestores de la perversión, porque han pervertido la política, que es ciencia y práctica de la gestión del Bien Común; han pervertido el sentido y la naturaleza de la ley, convirtiéndola en instrumento de la corrupción, con una ley intrínsecamente perversa porque tiene como objetivo la protección del fraude y sus ejecutores; han pervertido y dejado en ridículo al Parlamento, que en vez de defender al pueblo su mandante, protegen a quienes delinquen y le roban; han pervertido la ética pública con su conducta injustificable. Es perverso institucionalizar la corrupción en la ley.
La historia es testigo de los efectos letales de la corrupción. Cuando la corrupción contamina a los responsables de los poderes del Estado estamos en vísperas del naufragio. Con veto o sin veto del Presidente a la ley, los responsables de ella siguen legislando impunes. ¿Quién cura el cáncer?