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Con la ley pretenden que los turistas-pescadores que visitan la zona solo puedan realizar pesca deportiva y que los ejemplares que capturen sean devueltos a los cauces hídricos, en nuestro caso al río Paraguay.
El grupo de manifestantes, integrado por pescadores, dueños y trabajadores de embarcaciones turísticas, comerciantes e indígenas que se dedican a la venta de carnadas aseguraron que de implementarse la ley significará la muerte de la actividad turística de la cual dependen numerosas familias del gran pantanal. Gran parte del dinero que circula en ambos distritos son generados por la actividad de pesca turística.
La iniciativa de las autoridades del gobierno brasileño es más que interesante para proteger la fauna ictícola, pero deberían proponer alternativas de trabajo para la gran cantidad de personas que serán afectadas con esta legislación. Como las aguas del río son compartidas por los dos países, la normativa afectará en el lado brasileño, en tanto en territorio paraguayo continuará la acción depredadora que dicen desean evitar.
Finalmente, de entrar en vigencia esta ley, lo que sucederá es que aumentará la demanda de pescado en las comunidades del Alto Chaco con la llegada en masa de compradores de otras regiones e inclusive del Brasil. Esto alentará a los pescadores a utilizar todo tipo de redes, incluso las no permitidas para la captura de peces, considerando el nulo control en la zona.
En Alto Paraguay no existen oficinas de las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente, como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). En tanto, los pocos militares de la Fuerza Armada o la Marina paraguaya no cuentan con los medios necesarios para combatir los delitos ambientales.
calmiron@abc.com.py