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Dos semanas atrás estuvo en nuestro país el séper exjuez español Baltasar Garzón quien dijo, entre otras cosas, que “la democracia paraguaya, que no es un enclave aislado en un mundo globalizado, necesita de jueces y ministros que, una vez elegidos para el cargo, sean valientes y rechacen cualquier influencia, sea política o económica, porque las leyes lo respaldan”. Lo dicho por Garzón cayó mal en el gobierno, tan mal que el canciller, Eladio Loizaga, hizo pública una declaración descalificando esa opinión.
Sería bueno saber cómo se compaginan esas palabras de confianza absoluta en la justicia paraguaya y lo que está ocurriendo con una ciudadana de a pie, en Villarrica a la que, de un plumazo, le han suspendido derechos elementales como el derecho de hablar, de expresarse, de criticar, de pedir justicia, incluso de trasladarse de un sitio a otro, convirtiendo la ciudad en una cárcel a cielo abierto.
El argumento de mayor peso que se ha presentado para justificar este proceder demencial, ha sido que la justicia debe velar por el buen nombre de los legisladores. Pues no. La justicia no está para esto. ¿Se le habría ocurrido a Richard Nixon recurrir a la justicia para acallar al “Washington Post” en el caso de Watergate? Ni siquiera lo intentó pues sabía qué le responderían los tribunales.
Quien debe velar por su buen nombre es el político quien evitará verse implicado en aquello que amenace a su prestigio. En este caso, el diputado Antonio Buzarquis tendría que haber sido el más interesado, antes de llegar al escándalo que se ha desatado, de hacerse un análisis de ADN para confirmar o desmentir su relación con el embarazo y encontrar una solución justa con la madre en lugar de abandonarla y arreglar también, las complicaciones que pudiera tener con su esposa legal en lugar de buscar y lograr que su tienda fuera blindada por decisión de un juez.
El canciller se ha equivocado al poner la mano en el fuego por la justicia paraguaya, así como se han equivocado el juez y el fiscal de Villarrica. Garzón estaba en lo cierto como no hubiesen querido muchos cercanos al gobierno. A esto se le pueden sumar otros casos no menos significativos como es el de la “niñera de oro” en el que está implicado un legislador cuyo servicio doméstico figuraba en las planillas de diferentes dependencias del Estado y como lo que cobraban superaba en mucho el sueldo mínimo, él se quedaba con la diferencia.
Para corregir los errores primero hay que detectarlos y reconocerlos. El paso siguiente: tener la voluntad de corregirlos y me queda la molesta certidumbre de que esa voluntad no existe ya que en el momento necesario, en medio de esa lucha cainita de aferrarse al poder, la justicia cumple un papel decisivo pues se dispone de jueces y fiscales dispuestos a proteger a los correligionarios, de blindarlos contra las posibles críticas de sus adversarios y para los escollos que se interponen, para los adversarios de sus ambiciones, “tuerca, tuerca, tuerca”.
jesus.ruiznestosa@gmail.com