Ayer a la tarde se dio a conocer el decreto N° 2.062 por el cual el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, objetó totalmente el proyecto de Ley N° 6340/2019 “De pérdida de investidura parlamentaria”, sancionado por el Congreso el 19 de junio pasado.
La polémica iniciativa pretende reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura, modificando por ley la cantidad de votos que no establece la Carta Magna. En el artículo 185, segundo párrafo, dice claramente: “Salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes”.
Los legisladores elevaron los votos para la expulsión de un legislador. De mayoría simple (mitad más uno de los presentes) aumentaron a mayoría absoluta. Es decir, en Diputados pretenden exigir 41 votos y en el Senado, 23 votos sin importar la cantidad de presentes. Este punto fue cuestionado por el Ejecutivo. En el considerando del decreto señala que “la regla para la toma de decisiones en el Congreso es que se cuente con el voto de la mitad más uno de los miembros presentes en la Cámara respectiva y, solamente, se la deja de lado cuando la propia Constitución disponga que para decidir en un cierto y determinado caso se requiere del voto de una mayoría calificada. Por lo tanto, la excepción solo puede derivar del mismo texto constitucional, y nunca de una ley o reglamentación de rango inferior” a la Carta Magna.
Vuelve a la cámara de origen
El proyecto de pérdida de investidura vuelve a la cámara de origen, que es la de Diputados. La propuesta fue presentada por los diputados Norma Camacho (PEN), Pastor Vera Bejarano (PLRA-independiente), Derlis Maidana (ANR-cartista), Walter Harms (ANR-cartista) y Miguel Ángel Del Puerto (ANR-samanieguista). Si los legisladores insisten en aprobarla, deberán conseguir una mayoría absoluta, es decir 41 votos en la Cámara de Diputados, mientras que en Senado requerirán de 23 votos, para ratificarse su sanción, según establece el Art. 209 de la Constitución Nacional. La normativa transgrede el orden de prelación de las normas que señala el artículo 137 de la Constitución, dice el veto.