Un polémico proyecto de ley, que busca regular los precios de alquileres de viviendas, se encuentra en etapa de elaboración por parte de la bancada de senadores del Frente Guasu. La propuesta no fue presentada aún pero un borrador se filtró en redes sociales.
El texto tiene una clara intención de forzar el congelamiento de precios de alquileres a beneficio de los locatarios que denuncian abusos. También habilita a entes públicos a tomar propiedades “abandonadas” principalmente en Asunción, sean privadas, estatales o del IPS.
A esto se suma la creación de un registro y una lista de las familias a ser “priorizadas” para obtener lugares de vivienda y acceder a subsidios del Estado mediante el cobro de nuevos impuestos a los dueños de propiedades.
En su exposición de motivos, el Frente Guasu justifica la intención señalando que solamente buscan dar cumplimiento al artículo N° 100 de la Constitución Nacional, del Derecho a la vivienda.
Agregan que en Asunción hay 220.000 m² en viviendas –casas y edificios– abandonados mientras hay un déficit de 1.100.000 viviendas a nivel país según el Censo del 2012.
Más oficinas e impuestos
El proyecto además de regular la oferta y la demanda así como el libre mercado, también expande la estructura estatal y municipal. Crea el Registro de Alquiler (RA), a cargo de los municipios; crea la Cartera Pública de Alquileres (CPA) y crea el Impuesto al Inmueble Urbano Ocioso (IIUO).
Este último será igual al 30% del impuesto inmobiliario multiplicado por cada año ocioso e igual al 60%, en caso de terrenos baldíos urbanos ociosos.
Además plantea que los municipios “adquirirán”, mediante expropiación, los inmuebles, viviendas y terrenos privados urbanos que no tengan al día el pago de impuestos, abandonadas por dos años o más.
Expropiaciones
Agrega que los municipios deberán hacer “usufructo” de los inmuebles urbanos públicos pertenecientes a entidades y organismos del Estado y al Instituto de Previsión Social (IPS).
Esto pese a que dicho ente previsional es propiedad de los asegurados y los empleadores y la utilización de cada inmueble solo puede darse por una ley.
Fijación de precios
El proyecto también señala que para el ajuste del costo de los alquileres, el incremento no podrá ser superior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del BCP.
Agrega que el monto del alquiler de vivienda deberá determinarse teniendo como referencia “el marco regulatorio” con una serie de cuadros y porcentajes fijados en el proyecto.
Prohíbe “toda” discriminación
En el aspecto “inclusivo”, una bandera del Frente Guasu, el proyecto de ley que regula los alquileres también prohíbe todo tipo de discriminación ya sea por motivos raciales; por el sexo o la orientación sexual del inquilino; por tener hijos y numerosos otros motivos.
Inclusive, prohíbe que los anuncios de los alquileres pongan condiciones con algún tipo de discriminación y se prohíbe al locador “decir” que un apartamento no está disponible cuando en realidad lo está.
También prohíbe al locador imponer conductas como no traer parejas, no traer hijos, no hacer ruidos, no tener animales, o establecer actividades por horarios.