Los González Daher están procesados por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. El 14 de diciembre del año pasado la defensa de ambos ya había solicitado la libertad ambulatoria, pero el juez Humberto Otazú rechazó la petición y fue confirmada su resolución por la Cámara de Apelación en abril pasado.
Los argumentos para rechazar el pedido de libertad de los encausados fueron que no se lograron desvirtuar los motivos que se tuvieron en su momento para dictar la prisión de los mismos. Además se apuntaba que el peligro de obstrucción a la fecha seguía latente y podría perjudicar las investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público.
Las chicanas
González Daher y su hijo desde el mismo momento en que fueron imputados el 24 de setiembre del año pasado plagaron el proceso con chicanas meramente dilatorias, para evitar someterse al proceso.
Estando presos, padre e hijo trataron en todo momento de obstruir la labor del Ministerio Público, incluso recusaron a los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, varias veces.
En el caso de Fernández tuvieron éxito solo cuando uno de los investigados en este proceso Pedro Martínez Silva contrató los servicios profesionales de la abogada Noris Pedrozo, quien es cuñada del agente. Ante esta situación se logró sacar del caso a Fernández, quien era considerado por los procesados como la piedra en sus zapatos.
Los incidentes presentados por la abogada Sara Parquet en representación de los procesados son innumerables, pero ninguno prosperó, todos fueron rechazados en primera y segunda instancia por falta de argumentos sólidos.
Atendiendo a todos estos antecedentes, el juez Otazú tendrá que decidir si les otorga o no la libertad ambulatoria al exsenador y su hijo, quienes están presos desde el año pasado en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, luego de que la Secretaría de Prevención de Lavado o Bienes (Seprelad) detectó que una inmobiliaria de nombre Príncipe Di Savoia SA estaba moviendo una gran cantidad de dinero y dio aviso la Fiscalía de Delitos Económicos.
Luego se supo que la empresa era de los González Daher.