La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados resolvió ayer dilatar por varias semanas el tratamiento de la pérdida de investidura de los legisladores con procesos judiciales, puntualmente del imputado Tomás Rivas (ANR, cartista); el acusado Carlos Portillo (PLRA, efrainista) y el imputado Ulises Quintana (abdista).
La reunión de ayer fue presidida por el vicepresidente 1° de la Cámara Baja Arnaldo Samaniego (ANR, abdista) ante la ausencia de Pedro Alliana (ANR, cartista). Alliana, representante de Ñeembucú y titular de la ANR, había manifestado días atrás que esta semana iba a acelerar el proceso, teniendo en cuenta que el Senado remitió al archivo el veto de “autoblindaje”, que pretendía elevar la cantidad de votos para expulsar a un legislador.
Tito Ibarrola (Hagamos) dijo ayer al retirarse de la reunión que el tema “ni se trató”. Poco después el efrainista Jorge Ávalos Mariño (PLRA, D) señaló que al final acordaron que se necesitan “reglas de juego” en lugar de tratar las respectivas expulsiones en sesión extra esta misma semana.
Anunció que cada bancada presentará el próximo lunes un proyecto para “reglamentar” el proceso de pérdida de investidura. Indicó que el punto de mayor discusión es fijar la cantidad necesaria de votos.
Avalos expresó que defiende usar la mayoría simple (mitad más 1 de los presentes) como fija la Constitución en casos no específicos. Dijo que otros legisladores insisten en aplicar la mayoría absoluta (41 votos). De esta manera los diputados, en actitud cómplice con sus colegas, buscan modificar por ley la Constitución Nacional.
En la víspera, miembros de la Comisión Escrache Ciudadano también acudieron al Congreso para reiterar por nota ante la Mesa de Entrada el pedido de estudiar la expulsión de los casos más resaltantes.
Tomás Rivas (ANR, cartista), exgobernador y representante por Paraguarí, fue imputado por inscribir supuestamente a sus empleados particulares como funcionarios del Congreso. El caso es similar a los “caseros de oro” de José María Ibáñez (ANR, Añetete), quien no fue expulsado pero se vio obligado a renunciar.
Carlos Portillo (PLRA, efrainista), de Alto Paraná, fue acusado por tráfico de influencia al ser grabado pidiendo coimas a cambio de sentencias judiciales.
Ulises Quintana (ANR, abdista), también de Alto Paraná, pidió “permiso” para estar preso por 10 meses y la Fiscalía lo imputa por, supuestamente, financiar su campaña electoral con dinero del narco esteño Reinaldo Cabaña “Cucho”.
En Diputados nunca se le retiró la pérdida de investidura a un legislador. Ibáñez y Carlos Núñez Salinas (ambos de Añetete) fueron salvados pero Ibáñez renunció.
Artículo 201 de la Carta Magna
La pérdida de la investidura parlamentaria se encuentra en el artículo 201 de la Constitución para casos de incompatibilidades, inhabilidades y el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. No tiene ley reglamentaria. En Diputados intentaron blindarse condicionando sentencias y mayorías, pero las leyes fueron vetadas. En el Senado perdieron su investidura Óscar González Daher (ANR, cartista), Víctor Bogado (ANR, cartista) y Dionisio Amarilla (PLRA, llanista). Jorge Oviedo Matto (Unace) renunció. En Diputados a ningún legislador se le retiró la investidura.