La intención de la mesa directiva, presidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), es dilatar el tratamiento de los pedidos de pérdida de investidura que pesan sobre Ulises Quintana (ANR, Añetete), Carlos Portillo (PLRA, efrainista) y Tomás Rivas (ANR, cartista).
La diputada Kattya González y la diputada Norma Camacho, del Encuentro Nacional por medio de una nota piden a sus colegas que de una buena vez apliquen el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura, y se traten los pedidos de expulsiones en contra de sus colegas que tienen causas pendientes con la justicia.
Asimismo, diputados de Patria Querida, Hagamos y el independiente Jorge Brítez presentarán el mismo proyecto de reglamentación que fue presentado el año pasado, en el que se establece una reglamentación interna con procedimientos donde se establecen plazos breves para que el parlamentario pueda hacer su descargo.
Para Alliana, se debe establecer en un proyecto de pérdida de investidura la condena previa, tema que fue incluso vetado por Horacio Cartes en el primer proyecto de autoblindaje que fue presentado en el Congreso.
El tema fue atacado de inconstitucional, ya que dentro de las causales de pérdida de investidura se habla de uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado. El mismo no hace mención al delito por tráfico de influencias.
Quintana está procesado por supuesto tráfico de drogas (cómplice), tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; Rivas (cartista) está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso en el caso de sus “caseros” y Portillo (PLRA, efrainista) está acusado por el supuesto hecho punible de tráfico de influencias. El mismo habría conseguido una sentencia judicial favorable para Auda Fleitas.
Autoblindaje vetado 2 veces
Tanto el gobierno de Horacio Cartes como el de Mario Abdo Benítez ya vetaron por inconstitucionales los proyectos de ley que pretenden reglamentar la pérdida de investidura de parlamentarios. Sin embargo, en la Cámara de Diputados insisten en establecer un procedimiento. Solo en la Cámara Baja hay nueve diputados que tienen cuentas pendientes con la justicia.