La diputada Kattya González (PEN), integrante de la Comisión de Cuentas y Control, mencionó que el aplazamiento del proyecto de ley se realizará al solo efecto de consensuar una norma que no solo regule las multas que cobran los funcionarios de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), sino que también incluya al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y a Aduanas.
Actualmente la Ley 2421/04 señala que el funcionario denunciante tendrá derecho hasta el 50% de la multas que se aplicaren y cobraren al transgresor. La SET mediante una resolución establece la distribución equitativa.
El proyecto del exdiputado Éber Ovelar (ANR, Añetete), actual ministro de Justicia, que figura como primer punto del orden del día, plantea volver a la Ley 125/91 en el que se establecía que la distribución de las multas no sea del 50% sino del 30%. Ovelar agrega que el denunciante sea un particular y no un funcionario público, y que por lo tanto tenga derecho al cobro del 50%.
Aduanas se basa en el artículo 346 de adjudicación y distribución prevista en la Ley 2422/04 del Código Aduanero que establece el 50% para el denunciante. Mientras que en el MIC se basan en la Ley 5289 en el artículo 5° donde menciona que las multas e infracciones se calcularán sobre la base de hasta el 20%. González menciona que los funcionarios se convierten al ser participantes de una multa en jueces y parte y que ello colisiona con el principio de objetividad e imparcialidad.
Indicó que en muchos países se implementa los incentivos de forma equitativa y no personal. Mencionó que la comisión solicitó informes a la SET, Aduanas y al MIC para conocer cuánto dinero ya se distribuyó entre funcionarios en concepto de multas.
La diputada declaró que los miembros de la comisión plantearán un proyecto de ley de multas que incluya a las instituciones que se reparten millonarias sumas de dinero en multas.
Se repartirán entre US$ 10 y 12 millones
El 29 de octubre pasado, el viceministro de Tributación Óscar Orué dijo que existe un proceso de fiscalización de las cuentas de la familia del acusado exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista) y que la mitad del dinero en concepto de penalización por no pagar impuestos terminará en los bolsillos de los funcionarios de la SET. En ese momento había hablado de una suma aproximada de entre US$ 10 millones a 12 millones. No detalló el monto exacto bajo el argumento de que no puede revelar la cifra por “secreto de actuaciones”.