Arregui había señalado la necesidad de contar con más presupuesto para que puedan cumplir con la ley de control del financiamiento político. La norma en estudio propone que los partidos políticos y movimientos pasen a ser sujetos obligados de control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Los legisladores colorados y de la oposición adelantaron una serie de objeciones al proyecto de trazabilidad. Cuestionaron la irrisoria multa de G. 25 millones en caso de que un candidato incumpla con la norma y que la Justicia Electoral se convierta en órgano juzgador para inhabilitar candidaturas. Asimismo, dudaron de la capacidad de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), entre otros.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó un pedido de “opinión” a la Seprelad, la SET, Justicia Electoral, Banco Central del Paraguay, Contraloría General de la República, Asociación de Bancos del Paraguay sobre el proyecto de ley que modifica varios artículos de la ley de trazabilidad del financiamiento político, norma que fue presentada por diputados de varios sectores de la oposición.