En contrapartida, Miguel Restaino, secretario de Obras, alegó que se trata de un lote de obras que todavía está en ejecución. La denuncia afecta al gobernador Roberto González Vaesken (ANR, ex Añetete).
Según los datos, el presunto fraude corresponde a la adjudicación a la empresa, Ita Poty SA, representada por Benedicto Jorge Cáceres González, dentro un lote de obras en cuatro instituciones por G. 547.000.000.
El hecho salió a luz luego de que el director de la Escuela Básica 633 San José de la colonia Paranambú de Ñacunday, Ángel Ramírez, reclamara la demora.
Sin embargo, los ediles Fátima Ramírez (Cruzada Nacional) y José Lino Chaparro Esquivel (PLRA) de la comisión de obras, habían firmado un dictamen de supuesta verificación, que sería falso.
Mora y Sandra Miranda (Patria Querida), de la misma comisión, no firmaron el dictamen ante dudas. “Es una vergüenza porque en parte de este dictamen depende la aprobación de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2019, que acá 19 concejales de manera irresponsable aprobaron”, lamentó Mora.