La manifestación organizada por el grupo de ciudadanos autoconvocados como “Contraloría Ciudadana” quienes denuncian malversación por G. 5.800 millones de royalties, Fonacide y otros rubros en el 2019.
Una de las pobladoras, Eva Parini, denunció que el Intendente facturó más de G. 600 millones por caminos construidos por los vecinos.
Por su parte, el intendente se limitó a decir que todo se trata de una persecución política por parte de los concejales opositores, alegando que se gestión está bien documentada y con obras ejecutadas como corresponde.
“La propia Contraloría aprobó mi gestión, con relación a la denuncia de supuesto faltantes, nunca me llegó una notificación al respecto. Yo soy responsable de mi administración, las obras están”, dijo el jefe municipal.
Sin embargo, la fiscala Rosa Arzamendia allanó la Municipalidad días atrás y en febrero último la Contraloría General de la República (CGR) había remitido al Ministerio Público reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio por un faltante de más de G. 917 millones.