El informe fue remitido a la Cámara de Diputados en el marco del estudio del proyecto de ley que recorta los gastos superfluos y privilegios de funcionarios públicos y de las binacionales.
El “seguro médico vip” que más caro le cuesta al contribuyente entre las 214 autoridades públicas corresponde a los 80 diputados, 45 senadores y 18 parlasurianos. Solo en estos “representantes del pueblo” se destinan G. 1.716 millones al año. La cifra total que se desembolsa por año solo en los legisladores supera el monto que destina el Estado en el pago del seguro médico para todas las autoridades de rango superior.
Hacienda informa que el impacto anual de los diputados es de G. 960 millones, unos G. 47 millones por cada uno de los “representantes del pueblo”. Mientras que en los 45 senadores se gasta anualmente la suma de G. 540 millones y en los 18 parlasurianos, G. 216 millones (ver facsímil).
Hacienda hace una estimación por el total de los 80 diputados el gasto del seguro médico vip, pese a que un grupo de un poco más de 10 diputados en julio del 2018 renunció al privilegio de contar con un seguro médico vip al asumir funciones.
El informe contempla solo a aquellas entidades que están pagando seguro médico privado y se asume como supuesto que todos pagan el límite de G. 1 millón. En el listado se detalla la cantidad de beneficiarios por tipo de entidad.
El proyecto de ley que recorta los gastos superfluos conocido como la “Ley Godoy”, que tiene como uno de sus autores principales al senador Sergio Godoy (ANR, cartista), prohibe la contratación de seguro médico privado o medicina prepaga para toda autoridad pública de rango superior.
Diputados modificó el artículo e incluyó la propuesta de la comisión de Legislación que plantea que la prohibición sea para la autoridad de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y para los miembros de sus órganos colegiados; es decir que el impacto presupuestario podría ser mayor si se aprueba esta versión. Como ejemplo: el recorte podría afectar no solo al presidente de la Corte, sino también a los restantes ocho ministros.
El titular del Banco Central del Paraguay José Cantero, en una reunión conjunta con varias comisiones de la Cámara de Diputados antes del estudio del proyecto de ley, había señalado que el impacto presupuestario no tiene un impacto importante. Sin embargo, consideró necesario mantener el seguro vip porque de eliminarse ese privilegio constituiría una desmotivación para el funcionariado.
El Senado debe definir recortes
La Cámara Alta tiene en sus manos el estudio del polémico proyecto de ley que busca racionalizar los recursos del Estado. El Senado tiene un plazo máximo de tres meses de plazo para analizar el proyecto de ley que fue modificado en Diputados casi en su totalidad.
Si el Senado acepta las modificaciones de Diputados, se sanciona pero si se ratifica en su versión, deberá volver a la Cámara Baja para su sanción.