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Se trata de Claudio Roland Romero, de 38 años de edad, quien supuestamente cursa el cuarto año de Derecho, pero que fungía de abogado gracias a documentos falsificados que lo acreditaban como tal.
El mismo ya estaba imputado por producción de documentos no auténticos, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, señalaron agentes del departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía.
Ayer a la tarde, la fiscala Silvana Otazú lo imputó nuevamente por producción de documentos no auténticos y usurpación de las funciones públicas.
La agente pidió que se ordene su prisión preventiva.
El sospechoso fue detenido a tempranas horas de ayer en San Lorenzo, tras el allanamiento de la residencia que habita junto a su esposa, la exfiscala de J. Augusto Saldívar, Brígida Aguilar.
El 26 de octubre del 2017, la empresa de telefonía privada Tigo recibió un pedido de informe y de extractos de llamadas correspondientes a nueve líneas, desde marzo de ese año hasta la fecha del requerimiento.
La nota, que se consignaba como de carácter urgente, llevaba la supuesta firma de la entonces fiscala Brígida Aguilar y era en el marco de una supuesta investigación a “Personas innominadas sobre hechos punibles a determinar”.
En el escrito se mencionaba a la funcionaria de la Fiscalía Silvia Noelia Velázquez como la encargada de recibir el pedido.
El requerimiento era sobre los teléfonos que supuestamente correspondían a los principales colaboradores y amigos del entonces presidente Horacio Cartes y, efectivamente, fue contestado por la telefonía.
Pero un mes más tarde, la firma Tigo recibió otro pedido de informe, pero esta vez de 12 líneas correspondientes a otros políticos como Efraín Alegre, Rafael Filizzola, Enrique Bacchetta, el fiscal Eugenio Ocampo, Dionisio Amarilla, Robert Acevedo, entre otros. Esta nota ya fue rechazada por la telefonía y se abrió un sumario sobre el caso, cuando la fiscala Aguilar negó haber enviado el documento.
Es más, la funcionaria Silvia Noelia Velázquez fue sumariada y despedida de la institución por aquel escándalo. Ahora, sospechan que algunos políticos habrían pagado una importante suma en dólares al sospechoso para conseguir dichos extractos de llamadas, que podrían haber comprometido a varios de sus colegas en los disturbios del 31 marzo del 2017, que terminaron con la quema del Congreso y la muerte a tiros del joven Rodrigo Quintana, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Tras meses de investigación y seguimiento, finalmente agentes de la unidad Contra el Crimen Organizado lograron juntar todas las evidencias que incriminan a Romero como el responsable de haber falsificado la firma de su esposa para solicitar aquellos datos.
El elemento fundamental que condujo a los agentes a Romero fue el chip habilitado con el número 0993 531063, que usó para hacerse pasar por la asistente Silvia Noelia Velázquez y presionar a través de mensajes de texto a los responsables de la telefonía para que le enviaran los datos solicitados. El sospechoso cometió un error cuando metió aquel mismo chip en uno de los teléfonos que habitualmente utilizaba. Allí se comprobó que Romero fraguó los documentos y se hizo pasar por la asistente fiscal.
Durante el allanamiento, también se incautaron evidencias que comprometen al detenido, como siete sellos correspondientes a diferentes abogados, cuyas firmas aparentemente utilizaba para operar en el Poder Judicial.
También se encontró en la casa una agenda que utilizaba para ensayar las firmas de otros letrados por los cuales supuestamente se hacía pasar.