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El proyecto aprobado en el Senado quedó firme, con lo cual el salario de las trabajadoras será del 60% del salario mínimo, es decir, de G. 1.094.400. Este monto significa un incremento en relación al pago que está establecido actualmente en el Código Laboral y que es del 40% del salario mínimo, es decir de G. 729.600.
Las organizaciones de trabajadoras domésticas y la comisión de Equidad Social y Género planteaban el sueldo mínimo señalando que un monto inferior es una directa violación a la Constitución Nacional.
Las dirigentes anunciaron que pedirán una audiencia con el presidente Horacio Cartes para que vete la ley y que se estudie de nuevo una que sea justa para todas.
El resultado de la votación fue de 37 que votaron por aprobar el texto del Senado y 19 que votaron por las modificaciones. La mayoría de los que rechazaron el sueldo mínimo fueron colorados (entre ellos el presidente de la cámara, Hugo Velázquez, y el candidato a presidir el partido, Pedro Alliana) y liberales, con el acompañamiento de los dos diputados del Partido Encuentro Nacional: Hugo Rubin y Ricardo González.
Un detalle fue que todas las legisladoras de los distintos partidos votaron por aprobar las modificaciones. Las mismas también abogaron con fuerza para que se acepte el salario mínimo, señalando que correspondía por un mínimo de justicia y de reconocimiento a las mujeres que no pueden acceder a una jubilación en la situación actual.
Llamativamente, la mayoría de quienes argumentaron abogaron en forma vehemente por la aprobación, pero a la hora de votar una “mayoría silenciosa” decidió la votación por el proyecto del Senado.
La ley sancionada, que será remitida ahora al Ejecutivo para su promulgación, dispone también que podrán trabajar desde los 16 años, mientras que el proyecto modificatorio planteaba que sea a partir de los 18 años.
La normativa aprobada contempla que las trabajadoras domésticas puedan acceder a la atención médica en el Instituto de Previsión Social, pero no a la jubilación.