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Allí, hace tres semanas ya había caído una carga de tres toneladas de marihuana de la misma red, responsable del asesinato del periodista Pablo Medina.
La incursión se inició a tempranas horas de la mañana y fue encabezada por el jefe de Policía de Canindeyú, comisario principal Celso Zelada; el jefe de la comisaría 6ª de Ypejhú, comisario Sebastián Ramírez Delgadillo, y el titular de Investigación de Delitos de Curuguaty, subcomisario Rutilio Ramírez, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO). El fiscal Lorenzo Lezcano también acompañó la operación.
Según los datos, los uniformados manejaban la información de que en medio del monte había sido montado un campamento improvisado donde podrían haberse refugiado los hermanos Wilson Acosta Marques, Vilmar Acosta Marques y Vidal Yuner Acosta Marques, todos prófugos e imputados no solo por narcotráfico, sino también por el asesinato del corresponsal de ABC Color Pablo Medina Velázquez y de la acompañante de este, Antonia Maribel Almada Chamorro.
Luego de una larga caminata, los efectivos irrumpieron en un campamento ubicado aún en el predio de la estancia “Trigueñita y Vaca Saite” –propiedad de Narciso Faladini, según la Policía– donde se estaban procesando poco más de 1.000 kilos de marihuana, aunque los peones huyeron antes de la llegada de los agentes.
El lugar del procedimiento se sitúa a la vera del río Arapey, cerca de la estancia “Dos Naciones”, perteneciente a la familia Acosta Marques y donde el 22 de octubre pasado una comitiva que investiga el crimen de nuestro compañero también ya había hallado más de tres toneladas de marihuana.
Los datos recogidos en la zona dan cuenta de que este último campamento era manejado por Vidal Yuner Acosta Marques, a quien Pablo Medina había mencionado en numerosas publicaciones como uno de los más peligrosos narcotraficantes de la zona baja de Canindeyú. Los uniformados localizaron varias parcelas de plantaciones que también fueron eliminadas.
El clan Acosta Marques operaba con absoluta impunidad en Canindeyú gracias a la protección de influyentes políticos, como la diputada Cristina Villalba y el gobernador Alfonso Noria Duarte.
El Ministerio Público abrió tres frentes de investigación tras el atentado contra Pablo Medina, del cual también fue víctima Antonia Almada.
El primero está relacionado al crimen ocurrido el pasado 16 de octubre en Villa Ygatimí. Está a cargo de los fiscales Sandra Quiñónez y Lorenzo Lezcano.
Un segundo frente es la investigación sobre la implicancia de los políticos con los narcotraficantes.
Esta investigación está a cargo del fiscal antidrogas Carlos Alcaraz.
Este caso es el que se conoce mediáticamente como el de narcopolítica y tiene como base declaraciones de senadores y diputados sobre la implicancia de congresistas con los traficantes.
Un tercer frente de investigación es la relación del exintendente Vilmar “Neneco” Acosta con la producción y tráfico de marihuana.
El fiscal antidrogas Hugo Roig es el que tiene a su cargo esta investigación.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, había dispuesto la conformación de grupos investigadores debido a la gravedad de los hechos que ocurrieron, relacionados a la droga y la política.