Pérdida de investidura será carrera de obstáculos, dicen

El diputado Ramón Romero Roa (ANR) dijo ayer en ABC Cardinal que está contra el proyecto de ley de “autobandidaje” porque convertirá el proceso de pérdida de investidura de un legislador en una verdadera carrera de obstáculos difícil de concluir.

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La Cámara de Diputados aprobó el martes en sesión extraordinaria en forma parcial el proyecto de ley que busca brindarle aún más impunidad a los legisladores. Por ejemplo, para que un diputado o senador pierda su investidura se requerirá –según la propuesta legislativa– una sentencia previa de la justicia ordinaria y la resolución del Tribunal Electoral o en su defecto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

La inclusión de estos dos requisitos prácticamente impide que un legislador pierda su investidura, como prevé el Art. 201 de la Constitución Nacional, por uso indebido de influencias.

Ayer a la mañana en el programa “No Tiene Nombre” por ABC Cardinal 730 AM, Romero Roa expresó que el organismo electoral no tiene competencia para atender este tipo de casos. “Su competencia está muy bien definida: llevar a cabo las elecciones, juzgar las elecciones y juzgar a los candidatos, ahí termina la tarea del Tribunal Electoral. El tema es que volvemos más complicado esto, para llevar más adelante corporativamente y no asumir una decisión personal”, expresó.

Puntualiza que esto es un abuso de la decisión corporativa. “Uno, cuando va analizando los siguientes artículos, uno ve que prácticamente una decisión de pérdida de investidura puede no terminar en un periodo de mandato (legislativo de cinco años)”, manifestó. Es decir, el proceso se convierte en una especie de carrera de obstáculos, añadió.

Romero Roa, diputado por el Alto Paraná, recordó que la pérdida de investidura está establecida en el artículo 201 de la Constitución. En este punto, cabe resaltar que los dos motivos para este procedimiento son el tráfico de influencias y las inhabilidades. En este último punto ya está prevista en la Carta Magna la sentencia judicial, no así para el tráfico de influencias. Está de acuerdo con reglamentar la pérdida de investidura pero no por esta vía.

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