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En magistrado hizo lugar a un pedido de prejudicialidad planteada por la defensa y que supone que primero se debe determinar la existencia del daño patrimonial antes de hacer la acusación.
Sosa Pasmor sostiene que no está probada la lesión de confianza y señala además que están pendientes en el fuero civil dos pro cesos judiciales que hacen al fondo de la cuestión porque es allí donde se determinará si hubo o no delito. Asegura que mientras se hallen pendientes tanto el juicio civil de reclamo de créditos de Conatel y las ac ciones contencioso-administrativas inter puestas contra las resoluciones del sumario administrativo de Conatel, no se puede determinar la existencia o no de perjuicio patrimonial concreto en la presente causa.
Sobre esta base sostiene que al efecto de determinar la existencia del tipo penal de lesión de confianza, necesariamente debe existir la determinación de la existencia del perjuicio patrimonial, tanto en sede civil como en sede administrativa, debido a que podría producirse un caos jurídico derivado de la existencia de resoluciones contra dictorias sobre la misma cuestión analizada, tanto en sede civil, en sede administrativa o penal, de proseguir la presente investiga ción.
Al respecto, el fiscal Giuzzio admite que la prejudicialidad exige que se determine el delito en el cual se basa la acusación, pero indica que el Ministerio Público no puede estar a la espera de que otro órgano, ad ministrativo o no, le esté indicando qué debe tomar en cuenta y qué no para impulsar su actuación.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados no quiso hacer mayores comen tarios sobre la decisión judicial. Se limitó a indicar que en los estrados judiciales de mostrará su inocencia y que, sobre todo, dejará en claro que la imputación en su contra forma parte de una conspiración política orquestada desde la Contraloría General de la República.