Rige ley sobre la información pública que efectiviza derecho constitucional

Desde hoy rige en todas las instituciones estatales del país la obligatoriedad de entregar, en menos de 15 días, cualquier información pública solicitada por la ciudadanía. Esto incluye informes, presupuestos y contratos entre otros, según la Ley 5282/14. El presidente Horacio Cartes reglamentó ayer su aplicación dentro del Poder Ejecutivo.

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La Ley 5282/14, “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, fue promulgada hace un año tras décadas de lucha por parte de la ciudadanía, y su entrada en vigencia rige desde la fecha.

La referida disposición legal garantiza el derecho constitucional de todo ciudadano a acceder, sin discriminación de ningún tipo, a cualquier información pública en el Legislativo, Ejecutivo, Judicial, entes autárquicos, universidades, gobernaciones y municipalidades, entre otros.

En caso de que alguna institución se niegue a atender estos reclamos, el solicitante podrá acudir ante un juzgado. Esta legislación va mucho más allá de la Ley Nº 5189/14, que obliga a los entes públicos a revelar su nómina de funcionarios y sus salarios.

Cartes lo reglamenta

A un día de su entrada en vigencia el presidente de la República, Horacio Cartes, reglamentó ayer la aplicación de la referida ley mediante el Decreto 4064/15.

La reglamentación obliga a las entidades públicas a contar con un sitio web para atender los pedidos. Así también, la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics) deberá crear un portal digital único y centralizado para el mejor manejo.

Las instituciones públicas también deberán contar con oficinas de atención a la ciudadanía, las cuales estarán coordinadas por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, pese a la vigencia inmediata de la ley, el decreto establece un plazo de seis meses para el cumplimiento de este punto.

Logro ciudadano

El ciudadano Daniel Vargas Telles es considerado como uno de los pioneros en la lucha en favor de la transparencia del Estado, que llevó a la aprobación de esta ley. En 2007 Vargas pidió informes sobre cuánto ganaban los empleados del Municipio de San Lorenzo.

Finalmente, tras varios años, obtuvo una sentencia favorable de la Corte en octubre de 2013 que desató un tsunami informativo que acabó con los secretos y oscuridades del Estado mediante leyes aprobadas por el Congreso.

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