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El 4 de agosto de 2011, Amelia Rodríguez acudió al hospital del IPS debido a que estaba en la etapa final de su embarazo y fue llevada a la sala de partos donde los doctores Blas Centurión y Antonia Acosta, la atendieron. El bebé Pablo Ibarra, nació en parto normal y murió a las pocas horas.
La madre entabló una querella y acusó a los médicos de ser los responsables de la muerte de su niño. Desde entonces Amelia, viene clamando que se aclare lo que ocurrió. La misma justicia desde 2011, viene encargándose que esta madre revive el dolor de la pérdida, antes que darle alivio. Igual calvario también le hacen pasar a los dos doctores quienes buscan demostrar que obraron de buena manera.
Las dos partes sufren desde realidades diferentes la mala administración de justicia que se tiene. Presiones de un lado y desesperanza de otro, se suman a una penosa realidad.
Pasaron ya casi siete años y hasta el momento no hay un veredicto en este proceso. A finales de noviembre de 2016 se conformó el primer tribunal de sentencia que iba a juzgar el caso. Mesalina Fernández, Nilda Giménez y Fabián Weisensee, eran los magistrados que iban llevando de buena manera el caso, hasta que se llegó a la etapa de las testificales, se dio la tercera recusación contra el colegiado y el expediente fue a la Cámara de Apelación, donde estuvo sin resolución por más de 10 días y esa desidia judicial obligó a que el caso vuelva a fojas cero y se tenga que integrar un nuevo tribunal.
Recién en marzo de 2017 se conformó el nuevo tribunal de sentencia con los jueces Jesús Riera, Juan Pablo Mendoza y Laura Ocampos, empero, la magistrada renunció por supuestas presiones políticas que recibió y el caso se volvió a aplazar.
Pasaron siete largos meses en los que incidentes hicieron que se tenga que conformar un tercer tribunal para juzgar el caso y en octubre los sorteados ahora fueron Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Cynthia Lovera.
Finalmente el 24 de octubre este tribunal absolvió de culpa y pena a los médicos, al llegar a la conclusión que fue la misma madre de Pablo Ibarra, quien lo mató, explicando una extraña situación que se habría dado cuando el bebé estaba naciendo la mamá se sentó sobre el mismo y lo aplastó. La jueza Cynthia Lovera, votó en disidencia y apuntó una serie de contradicciones de sus dos colegas. El fallo fue apelado y la semana pasada la Cámara de Apelación primera sala, integrada por los magistrados Pedro Mayor Martínez, Delio Vera y Gustavo Santander también encontró los mismos errores y contradicciones citados por la jueza Lovera, en la sentencia, anuló el fallo y dictaminó que se vuelva a hacer un tercer juicio oral.
Esto representa que Amelia Rodríguez volverá a pasar por el calvario de recordar el dolor de la muerte de su hijo por tercera y los médicos una vez más deberán enfrentar a un tribunal, todo por la mala decisión de jueces que no realizaron bien su trabajo, que es el de impartir justicia.
Estos magistrados, no recibieron, ni recibirán castigo por su mal proceder, ya que la misma administración de justicia los blinda y no los investiga.
En el caso de los jueces Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate, los miembros del tribunal de Apelación señalaron que cometieron graves errores al admitir pruebas fuera de plazo, también apuntan que no tuvieron en cuenta testimonios claves.
Señalan además que existen muchos elementos que no se tuvieron en cuenta a la hora de dar el fallo. Elementos que fueron acreditados en el expediente pero ignorados. La jueza Cynthia Lovera, en su voto en disidencia fue clara al apuntar todos estos puntos, uno a uno.
Lo más llamativo del caso es que de tres jueces dos no vieron, ignoraron y desecharon pruebas que para otra integrante del colegiado fueron gravitantes y que demostraba que si existió delito y que se debía aplicar una pena a los responsables.
Se espera que se integre un nuevo tribunal para un tercer juzgamiento del mismo caso.
Jueces basaron el fallo en pruebas de origen espurio
La querella había solicitado tres años de cárcel para los acusados y la fiscalía solicitó dos años de cárcel, además de la suspensión de la matricula de los médicos por el tiempo que dure la condena y G. 200 millones.
Sin embargo, el tribunal absolvió a Blas Centurión y Antonia Acosta, la sentencia fue apelada y ese escrito se basó en el voto de la jueza Cynthia Lovera.
“El tribunal en mayoría no ha señalado en que fojas se encuentran las pruebas en que basan su decisión, han restado valor a pruebas documentales que fueron obtenidas y producidas en tiempo y forma dentro del proceso, sostenidas de manera objetiva; sin embargo, valoró otras pruebas de origen espurio, ingresadas al proceso por la ventana, dudosas e interesadas declaraciones de testigos médicos y pericias realizadas en violación de la ley y la propia Constitución Nacional, basando su decisión en dichos elementos probatorios”, señala una parte de la apelación presentada por la fiscalía.
También se había cuestionado bastante el informe de la junta médica presentada por la defensa y sobre todo de una de sus integrantes, la doctora Fanny Corrales, quien había preopinado realizando una publicación por la red social Facebook en fechas 25 y 28 de noviembre del 2016, expresando abiertamente su apoyo y solidaridad a los médicos enjuiciados, pero tiempo después ella integró el equipo que debía dictaminar
Este es uno de los puntos que la Cámara de Apelación también tomó en cuenta, para anular la absolución. El escrito de apelación presentado por la fiscala Sara Torres, fue detallado y muchos de los puntos atacados de nulidad, fueron los que finalmente dieron paso a que se vuelva a foja cero en este caso y ahora se tiene que volver a juzgar un caso que viene desde el 2011.
Jueza recibió presiones
El viernes 17 de marzo del año pasado se conformó el tribunal de sentencia para juzgar a los médicos Blas Centurión y Antonia Acosta.
Los magistrados eran Jesús Riera, Juan Pablo Mendoza y Laura Ocampos, pero el martes 21 de marzo cuando se iba a iniciar el juzgamiento, la jueza Laura Ocampos anunció que por presiones políticas que recibió todo el fin de semana se inhibió de entender el caso y se suspendieron todas las diligencias que se tenían previstas para el presente juicio.
Era la primera vez que una jueza denuncia públicamente que fue presionada para fallar a favor de una de las partes en un juicio, pero lo más gravoso es que este incidente nunca fue aclarado por la Corte Suprema ni se tomaron el tiempo para investigar quién o quiénes presionaron a la magistrada Laura Ocampos.
Lo único que la jueza dijo fue que se le exigió que favoreciera a la procesada Antonia Acosta, nada más. En su momento se manejaron los nombres de varios políticos que pudieron ser los que llamaron a presionar, pero como no se investigó lo ocurrido, nunca se pudo comprobar la identidad.
Lo que se pudo ver es que los políticos colorados Juan Carlos Galaverna y José María Ibáñez eran amigos en el Facebook de la Dra. Acosta, pero nunca se supo si ellos influenciaron en el ánimo de la jueza Ocampos para que se aparte del juicio.
Hechos extrajudiciales muy llamativos como este se dieron a lo largo de todos estos casi siete años de proceso que tiene este expediente.
1. La madre culpable
La defensa de los médicos alega que fue la madre de Pablo quien la mató al sentarse sobre él cuando nació. Así explicaron por qué el bebé tenía fracturas y golpes. También los jueces Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate se unieron a la postura de la defensa de los médicos y, es más, señalaron en forma descarnada que debido a que transcurrió el tiempo legal es que no se investiga a Amelia Rodríguez, por el homicidio de su pequeño hijo.
2. Informe contundente
El Dr. Pablo Lemir, director del Departamento de Pericia Legal y Forense del Ministerio Público, afirmó en su informe que la muerte del bebé se habría podido evitar si se realizaba una cesárea a la madre, pero los médicos intentaron el parto normal. La junta médica presentada por la defensa sin embargo en todo momento contradijo lo expuesto por Lemir y alegó que una cesárea es 4 veces más peligrosa que un parto normal.