El juicio por el caso de los “coquitos de oro” no puede proseguir porque los dos acusados Camilo Soares y Alfredo Guachiré más sus abogados presentan una chicana tras otra debido a que la Corte Suprema de Justicia no toma la decisión de sancionarlos.
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Luego de diez años y tras salvar innumerables chicanas, el pasado 3 de marzo un Tribunal de Sentencia dio inicio al juicio oral y público por el caso de los coquitos de oro donde están acusados por el delito de lesión de confianza, el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares y su entonces director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Alfredo Guachiré.
Con el reinicio del periodo parlamentario, en este mes de marzo, la Cámara de Diputados tendrá que definir la situación de los diputados colorados abdistas Ulises Quintana y Miguel Jorge Cuevas, presos y acusados de graves hechos de corrupción pública, para quienes sus colegas en el caso del primero ya pidieron su expulsión y en el otro se anunció que se hará lo mismo.
La semana pasada un tribunal de apelación confirmó la condena de un año para el exsenador Víctor Bogado (ANR, cartista) por el caso de la “niñera de oro”. Paralelamente la fiscalía acusó y pidió juicio oral para el también exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista) por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
Luego de casi tres años de investigación y resolución de innumerables chicanas, el caso conocido como audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue elevado a juicio oral y público por la jueza Cynthia Lovera el pasado miércoles. La magistrada rechazó incidentes de nulidad de la acusación y pedidos de sobreseimiento definitivo, para disponer que los cuatro acusados sean llevados ante un tribunal que decidirá la culpabilidad o no de los mismos.
El ingeniero Pedro Ferreira, quien denunció que se estaba por firmar un acta entreguista relacionada a Itaipú para beneficiar al Brasil, ahora, con una serie de declaraciones de los principales sospechosos de estar detrás de esta maniobra, queda mal parado y lo quieren hacer aparecer como un mentiroso y que acá no pasó nada.
Los fiscales que llevan adelante la investigación del acta entreguista de Itaipú que pretendía vender energía eléctrica al Brasil, en detrimento del Paraguay, avanza a pasos lentos y al parecer el Ministerio Público no estaría encontrando la figura jurídica para imputar a los envueltos en este caso. Hasta ahora se tomaron cuatro declaraciones, incluida la del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y próximamente lo hará el vicepresidente Hugo Velázquez.
La crisis que desató la firma de un acta bilateral que pretendía cambiar el sistema de contratación de la energía de Itaipú ahora pasó al plano judicial, donde existen dos denuncias presentadas y se formó un equipo de fiscales para investigar el caso. El extitular de la ANDE Pedro Ferreira declaró en la fiscalía y aportó documentos.
El juez de sentencia Elio Ovelar rechazó el pedido de libertad ambulatoria planteado por la defensa del extitular del Indert Justo Cárdenas. El magistrado señaló que no encontró hechos nuevos que tengan que hacer variar su situación procesal y que existe posibilidades de obstrucción a la investigación. Cárdenas es uno de los primeros que creyó poder ser beneficiado con la modificación del Art. 245 del Código Procesal Penal, pero obtuvo un duro revés.