En su plenaria convocada el pasado lunes, la Corte Suprema aprobó la suspensión de los plazos procesales del fuero penal, con el fin de esperar la realización de las pruebas de COVID-19 a jueces y funcionarios que tuvieron contacto con internos y guardias de la cárcel regional de Ciudad del Este.
El miércoles pasado, el presidente de la Corte, Joaquín Martínez Simón, dispuso la paralización de todas las gestiones judiciales en Alto Paraná desde el 25 de junio hasta hoy, ante el brote del COVID-19 en la penitenciaría regional.
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La suspensión completa del Poder Judicial generó la molestia de los gremios de abogados, que se movilizaron para exigir la reapertura de las oficinas de los fueros civil, de la niñez y laboral.
Además, los abogados solicitaron la práctica de pruebas de COVID-19 a los funcionarios del fuero penal para determinar la viabilidad de la reapertura de las oficinas.
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Aún no fueron realizadas las pruebas de COVID-19 a los magistrados y funcionarios que tuvieron contacto con contagiados por el virus. Pero, extrañamente, en los informes oficiales de la VI Circunscripción Judicial figura que la toma de muestra ya fue practicada y que solo “aguardan los resultados”.
El 26 de junio, el camarista Efrén Giménez, miembro del Consejo de Administración de la VI Circunscripción Judicial, remitió una nota a la Décima Región Sanitaria para solicitar de forma urgente pruebas de COVID-19 para los jueces y funcionarios judiciales del fuero penal.
Unos diez jueces y 48 funcionarios debían someterse a las pruebas, que hasta ahora no fue practicada.
Intentamos comunicarnos con la presidenta de la VI Circunscripción Judicial, Bertha Ávalos, para conocer el avance de las gestiones para la realización de las pruebas, pero no atendió nuestras llamadas. Tampoco tuvimos retorno del director de la Décima Región Sanitaria, Hugo Kunzle.