Condenan a dos años a policías por muerte de joven en caso de gatillo fácil

La jueza penal de Garantías Fátima Burró sentenció a dos años con suspensión a prueba de la condena a los policías Santiago Manuel Meza Campuzano (40), Víctor Hugo Caballero Caballero (31) y Óscar Cazahu Bobadilla (41) por la muerte del joven Juan Daniel Ortigoza (26) en un caso de gatillo fácil.

Mientras que los agentes Jorge Argüello Cabrera (37), Celso Cuellar Congo (28) y Rolando Cáceres Villalba (25) fueron beneficiados con suspensión condicional del procedimiento. En tanto, que el oficial Carlos Daniel Ferreira Gómez fue sobreseído.

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Inicialmente los siete policías habían sido acusados por homicidio doloso consumado; también en grado de tentativa, ya que Lorena Raquel Rivas y su hija de dos años igualmente estaban en el vehículo acribillado por por los agentes.

Rectificación fiscal

En la audiencia preliminar, el fiscal Osvaldo Zaracho primeramente ratificó la acusación inicial y luego la modificó, al sostener que los policías actuaron con “excitación emotiva” en el procedimiento fatal, debido a que previamente fue asesinado su camarada Gustavo Bareiro en un asalto.

La excitación emotiva es un elemento estipulado en el Código Penal para reducir significativa la pena en casos de homicidio.

Según la exposición fiscal en la audiencia, el 27 de julio de 2022, Meza Campuzano, Caballero Caballero y Cazahu Bobadilla -asignados en el Departamento de Investigación de Delitos- estaban de día libre, pero fueron convocados por sus superiores a raíz del asesinato del oficial Gustavo Bareiro en un asalto ocurrido en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

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Los tres agentes se dirigieron a bordo de una camioneta particular al acceso al Km 12 Acaray desde la ruta PY02. Allí visualizaron un auto Toyota Premio con luces y motor escendidos, tono plateado y con vidrios polarizados, estacionado al costado de la una casilla. El rodado era similar al vehículo usado por los asaltantes que mataron a Bareiro.

Acribillaron el auto de un inocente

Los policías descendieron de la camioneta con armas en manos y rodearon la Toyota Premio escudándose en árboles. Aproximadamente un minuto después acribillaron el auto conducido por la víctima fatal, quien estaba con su pareja Lorena Raquel Rivas y la hija menor de esta.

A raíz del primer tiroteo, Juan Daniel sufrió dos heridas de bala en el tórax; su pareja pasó del asiento del acompañante al asiento trasero para cubrir con su cuerpo a su hija de dos años. La mujer pidió a su novio que retroceda y al retornar el auto fue embestido por una camioneta del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Los agentes del GEO, Cáceres Villalba, Cuellar Congo y Ferreira Gómez supuestamente también acribillaron el auto Toyota en los alrededores de los neumáticos traseros. Las partículas destrozadas causaron escoriaciones y cortes en la espalda a la joven madre.

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El conductor baleado descendió del auto y tras dar algunos pasos cayó muerto. En total el vehículo presentaba 23 impactos de bala: 14 de pistola 9 mm y nueve de fusil. La joven y su hija se salvaron de milagro.

Policía sobreseído

El oficial Carlos Daniel Ferreira Gómez -que manejaba la camioneta del GEO- fue sobreseído debido a que las pruebas periciales determinaron que su arma no fue disparada y que su mano no tenía rastros de pólvora.

Los tres policías beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento también quedarán con el legajo judicial limpio, luego de cumplir las condiciones impuestas por el juzgado.

Según la resolución judicial dictada por la jueza Burró, los familiares del joven asesinado fueron consultados si deseaban que el caso sea elevado a juicio oral. “No me quiero ir a juicio oral, que se quede así nomás ya como está, porque es incómoda esta situación”, había respondido la joven sobreviviente.

“Yo ya perdí lo que tenía que perder, quiero tranquilidad para mi familia y respeto a su dolor, dejo a cargo de usted SS (su señoría, en referencia a la jueza) la decisión”, había dicho por su parte el padre de la víctima fatal Juan Ortigoza.

No obstante, la actuación del fiscal Zaracho y de la jueza Burró es cuestionada por víctimas de otros casos de gatillo fácil que sostienen que el veredicto es un nefasto precedente.