El desalojo ejecutado en el barrio San Roque de Ciudad del Este, en el límite con Presidente Franco, afectó al mecánico Mario Ricardo Limenza López, quien asegura haber ocupado el inmueble durante 30 años.
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La orden judicial fue firmada por la jueza Gabriela Noemí Ramírez Morínigo y ejecutada este viernes por el oficial de justicia Isaac Vera, tras el rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa de Limenza por parte de la Corte Suprema de Justicia, que posteriormente remitió el expediente al juzgado de origen para proceder al desahucio.
Para secretario de la Municipalidad, inmueble es municipal
El secretario general de la Municipalidad de Ciudad del Este, abogado Wilmer Cuevas, cuestionó el procedimiento y afirmó que el terreno supuestamente corresponde a la comuna.
“Recibimos la denuncia de vecinos sobre el desalojo de un espacio municipal. Al verificar, constatamos mediante informe de Catastro que el terreno es municipal”, señaló.
Cuevas agregó que el mandamiento de desalojo habría sido aplicado de forma irregular, ya que la cuenta catastral utilizada correspondería a un inmueble colindante, donde fija domicilio Viveros Cartes, pero habría sido empleada para intervenir el terreno donde se encontraba Limenza López.
“Vamos a intervenir en el proceso, presentar la documentación y solicitar al juzgado la restitución”, adelantó.
Abogada defendió legalidad del operativo
Por su parte, la abogada de Viveros Cartes, Yane Fernández, defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que el desalojo es el desenlace de un largo litigio judicial.
“Es un juicio que iniciamos hace seis años y que ya culminó en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia, que rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada por el ocupante”, señaló.
Explicó que el ahora desalojado había recibido en su momento un usufructo gratuito por cinco años, pero que al cumplirse el plazo se negó a abandonar el terreno.
Fernández insistió en que existen informes de Catastro y de la propia Municipalidad que respaldan que el inmueble es de propiedad privada de su clienta. “Incluso topógrafos municipales verificaron que no se trata de un excedente fiscal”, afirmó.
Asimismo, intentamos establecer comunicación con la jueza Gabriela Noemí Ramírez Morínigo, quien, al ser consultada sobre la causa, dejó de responder nuestros requerimientos.
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Por su parte, la jueza Gabriela Ramírez alegó que las decisiones judiciales en todas las instancias resultaron desfavorables para Limenza, pues se corroboró que el inmueble es privado.
El desahucio
Para el desalojo, la Dirección de la Policía Nacional en Alto Paraná desplegó un fuerte contingente que acompañó al oficial de justicia. Durante el procedimiento, un tractor fue utilizado para derribar las estructuras existentes y varios árboles dentro del inmueble.