Pese a que la Fiscalía informó al agente Aldo Cantero que dos investigaciones contra el expresidente Horacio Cartes siguen abiertas, el representante del Ministerio Público utilizó estos casos sin cerrarse contra su sucesor Mario Abdo Benítez y sus colaboradores. La jueza de garantías, Cynthia Lovera, igual dio trámite a la imputación por denuncia falsa y otros hechos.
Monseñor Gabriel Escobar, obispo del vicariato apostólico del Chaco, profundizó las críticas que lanzó ayer ante la actual situación política que vive la República, encaminada a una autocracia, y aseguró que “una sola persona decide lo que se hace en los tres poderes”.
La Fiscalía no solo congeló las causas abiertas contra Horacio Cartes por el caso Messer, por contrabando y lavado de dinero, por sus offshores en Panamá y el caso avión iraní, sino que también ignoró, congeló o rechazó numerosas denuncias penales desde el 31M, el firmatón, el montaje contra Mario Ferreiro y otros.
La aplanadora cartista pulveriza la Constitución y las leyes. La imputación promovida por el cartismo contra el expresidente Mario Abdo Benítez y algunos de sus excolaboradores y funcionarios públicos viola disposiciones constitucionales y legales de un modo tan escandaloso que su validación por parte del fiscal general Emiliano Rolón y la jueza de garantías Cynthia Lovera solo sirvió para confirmar la inconstitucional complacencia de ambos a los deseos de la demanda. La prueba, más allá de toda duda, se obtiene de la simple lectura de las disposiciones pertinentes de la Constitución y las leyes, redactadas en fácil idioma castellano con el propósito deliberado de que cualquiera pueda entenderlas.
Un oficio por el cual se pedía informes y que está dentro de la carpeta de investigación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros aumenta la veracidad de los chats que serían entre el fiscal Aldo Cantero y Pedro Ovelar, abogado del expresidente Horacio Cartes. Se trata de un pedido al Ministerio de Hacienda y que fue elaborado con instrucciones del defensor del titular del Partido Colorado, de acuerdo al intercambio de mensajes. En la documentación se pedían datos sobre una supuesta asesora de comunicación del gobierno anterior.
El senador Derlis Maidana y el diputado Daniel Centurión, opinan con respecto a la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y miembros de su gabinete. El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y exintegrantes de su gabinete y funcionarios de Seprelad tiene 60 páginas. En el documento solo se presenta como prueba una considerable cantidad de publicaciones periodísticas y se menciona a tres testigos: Derlis Ruiz, Inés Yambay Zárate y Rocío Peña, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que supuestamente afirman que fueron “obligados a incluir datos en informes”.