La renovación del Tribunal Constitucional (TC) ha llevado a Perú a una tensión sin precedentes entre Gobierno y Congreso que puede terminar con la censura del parlamento al Consejo de Ministros y, acto seguido, con la disolución del Legislativo por parte del presidente, Martín Vizcarra.
A ese crítico punto se ha llegado por la intención del fujimorismo y sus aliados políticos como el Partido Aprista, que tienen mayoría en el Congreso, de renovar ese órgano de manera exprés para controlarlo con magistrados afines a sus intereses.
El Ejecutivo había presentado una cuestión de confianza para revisar la manera de elegir a los magistrados, pues teme que un Tribunal Constitucional al servicio de los intereses personales de la mayoría opositora pueda desbaratar toda la lucha anticorrupción emprendida hace año y medio en asuntos tan sensibles.