Organizaciones de policías nacionales, regionales, locales y de miembros de la Guardia Civil, están absolutamente indignados por los ataques que reciben, en medio del silencio de autoridades, y hasta de la abierta agitación de los extremistas por parte de políticos y autoridades regionales y nacionales, que comulgan la ideología de los extremistas.
Estos grupos filocomunistas quemaran el sábado un vehículo de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente dentro, que por fortuna logró escapar del automóvil en llamas, en uno de los actos más dramáticos desde que comenzaron los violentos disturbios, hace ya dos semanas.
Los extremistas lanzaron todo tipo de objetos contra una comisaría de la Guardia Urbana y quemaron una furgoneta del cuerpo aparcada enfrente.
También se saquearon tiendas y se atacaron varias entidades bancarias, con destrozos innumerables en varias calles.
Las fuerzas del orden detuvieron a 14 personas en los disturbios del sábado y a cerca de 140 desde que comenzaron las protestas en varias noches de altercados en Cataluña desde el martes 16 de febrero, cuando el cantante Pablo Hasél fue detenido y encarcelado.
“Mientras los políticos se esconden, nosotros haremos lo necesario para que todo el peso de la justicia caiga sobre los responsables”, escribió SAPOL en las redes sociales en alusión a autoridades que no apoyan claramente a las fuerzas de seguridad y los partidos que apoyan abiertamente a los grupos violentos.
Asociaciones civiles catalanas exigieron este lunes al Gobierno regional de Cataluña en funciones, formado por dos partidos separatistas radicales, que pongan fin a la violencia.
Historial delictivo
Pablo Hásel fue condenado a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de casi 30.000 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo además de injurias y amenazas a instituciones democráticas del Estado español.
La Audiencia Nacional desestimó en días pasados el último recurso de Hasél para evitar su ingreso en prisión. El tribunal destacó que suspender la ejecución de la condena sería “totalmente carente de justificación” y “absolutamente discriminador respecto de otros delincuentes” , teniendo en cuenta su “historial delictivo”.
Entre otras sentencias, el extremista ya había sido condenado anteriormente (2014) a dos años de cárcel por enaltecer en sus canciones el terrorismo de ETA, los Grapo, Terra Lliure o Al Qaeda, aunque la Audiencia Nacional decidió en 2019 dejar aquellas sentenicas en suspenso.
Recientemente, se confirmó otra condena de dos años y medio de cárcel por amenazar a un testigo de un juicio.