Las acusaciones, rechazadas rotundamente por Ramaphosa, estaban impulsadas por grupos de la oposición y por la defensora del pueblo de Sudáfrica, Busisiwe Mkhwebane (identificada como afín a facciones políticas enfrentadas a Ramaphosa dentro del oficialismo), y habían llegado hasta el Tribunal Constitucional a través de apelaciones.
En una sesión celebrada este jueves en la sede de esa corte en Johannesburgo, el magistrado Chris Jafta se encargó de leer el veredicto alcanzado por el máximo tribunal del país desestimando definitivamente las acusaciones.
"La defensora del pueblo erró tanto en cuanto a los hechos como en cuanto a la ley", indicó Jafta respecto al informe redactado por Mkhwebane en julio de 2019 para argumentar las acusaciones contra el presidente y pedir una investigación.
Los hechos estudiados en este proceso se remontan a noviembre pasado, cuando el presidente sudafricano fue consultado en la Asamblea Nacional (Cámara baja) sobre unas transferencias realizadas a un fideicomiso a nombre de su hijo Andile.
Según destapó la opositora Alianza Democrática (AD), los fondos procedían de la empresa Bosasa, adjudicataria de lucrativos contratos con el Estado y, actualmente, bajo investigación por graves escándalos de corrupción.
En el momento de las operaciones, Ramaphosa era vicepresidente del Gobierno de Jacob Zuma, pero se encontraba en plena campaña para alcanzar la presidencia del oficialista Congreso Nacional Africano (CNA).
Las transferencias ascendían a medio millón de rands (unos 36.000 dólares) y, en su respuesta en el Parlamento, Ramaphosa aseguró que se trataba de un pago legítimo por servicios de consultoría prestados por su hijo.
Sin embargo, diez días después, Ramaphosa dio marcha atrás y envió una carta al Legislativo para aclarar que los fondos fueron, en realidad, una donación de campaña de la que él no tenía conocimiento.
El equipo de Ramaphosa devolvió el dinero, pero la oposición le atacó duramente y reclamó investigaciones independientes.
En ese contexto, la defensora del pueblo -un puesto oficial independiente que vela por el funcionamiento del Estado dentro del marco constitucional- presentó un informe acusando al presidente de haber engañado deliberadamente al Parlamento.
Estas alegaciones suponían una grave mancha para Ramaphosa, quien en su ascensión hacia el poder hizo de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas.
El presidente tachó estas acusaciones de irracionales y dejó el asunto en manos de la Justicia.
En marzo de 2020, el Tribunal Superior de Pretoria ya había fallado a favor de Ramaphosa, pero esa sentencia fue apelada tanto por Mkhwebane como por el grupo opositor de izquierda radical Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus siglas en inglés).
El resultado de esa apelación deja finalmente en firme el veredicto favorable a Ramaphosa.