Kamal al Siwi, presidente de la misma, advirtió que es un problema que se sigue produciendo e instó a los responsables políticos actuales a frenar "el creciente número de personas desaparecidas por la fuerza".
"Eso requiere esfuerzos concertados de todas las instituciones estatales para que la autoridad pueda cumplir con sus obligaciones hacia todos los desaparecidos y poner fin a la tragedia de sus familias", declaró
El lunes, y con motivo del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, un grupo de familiares de las víctimas de la ciudad de Tarhuna, en la que se han hallado varias fosas comunes con cientos de cadáveres, se reunieron en la Plaza de los Mártires para denunciar la masacre supuestamente organizada por miembros de la tribu local Al Kani y milicias asociadas al mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte del país.
Los participantes exigieron que los autores de los crímenes rindan cuentas y sean procesados y que se revele la suerte corrida por sus hijos desaparecidos.
Ibrahim Saed, representante de Tarhouna en le Parlamento establecido en la ciudad de Toubruk, bajo tutela de Hafter, recordó al poder ejecutivo y al poder judicial que sus deberes no son solo buscar a los desaparecidos sino también procesar a los autores.
Ahmed Muto, hijo de uno de los desaparecidos, exigió a las autoridades que aceleren los análisis de ADN para poder avanzar en el proceso de identificación de los cadáveres exhumados de las fosas comunes en esta ciudad, situada a unos 80 kilómetros al sureste de Trípoli, y juzgar a los culpables.
Tarhouna estuvo bajo control de milicias aliadas con Hafter, tutor del gobierno no reconocido por la comunidad internacional en el este, durante el asedio que levantó contra la capital, sede del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) sostenido por la ONU.
Según ONG internacionales, desde que el país se dividiera en dos en 2015 y estallara la guerra civil han muerto más de 8.000 personas en Libia.