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Los movimientos bolsonaristas pretenden tomar las calles el 7 de septiembre próximo, cuando se celebra la Independencia de Brasil, y algunos de los grupos más radicales han instado a una "intervención militar" para clausurar el Congreso y el Supremo, pero manteniendo al líder de la ultraderecha en el poder.
Frente a llamamientos que muchos califican de "golpe", el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, alertó de que "la democracia no se negocia" y es "un valor ya asumido por la sociedad" tras la última dictadura, enaltecida por Bolsonaro y la ultraderecha y que gobernó entre 1964 y 1985.
Según Pacheco, "uno de los pilares de la democracia es el diálogo y el Congreso Nacional siempre estará dispuesto a dialogar y buscar consensos, con respeto a las divergencias", pero sin aceptar nunca la violencia o la intimidación.
Por su parte, en un sentido similar se manifestó el presidente de la Corte Suprema, Luiz Fux, quien también este jueves dijo que "en un ambiente democrático las manifestaciones públicas son pacíficas", aunque aclaró que "la libertad de expresión no abarca la violencia ni las amenazas".
También señaló que "la crítica constructiva provoca reflexiones, descubre nuevos puntos de vista e invita a la mejora institucional, pero la crítica destructiva mina indebidamente la confianza del pueblo en las instituciones del país".
En clara referencia a las protestas de la semana próxima, Fux dijo confiar "en que los ciudadanos actuarán en sus manifestaciones con sentido de responsabilidad cívica y respeto institucional", más allá "de las posiciones políticas e ideológicas que ostentan".
Pero también aseguró que "el pueblo brasileño jamás aceptará retrocesos" y alertó de que la Corte Suprema "seguirá atenta y vigilante, en este 7 de septiembre, a la manutención de la plenitud democrática".
Las manifestaciones, alentadas por el propio Bolsonaro, han sido convocadas en un marco de fuertes tensiones entre el gobernante y la Corte Suprema y el Parlamento, a los que la ultraderecha acusa de actuar como "partidos de oposición" al Gobierno.
En las últimas semanas, Bolsonaro ha tensado las cuerdas de la estabilidad institucional con duras críticas a la Justicia, que le investiga en diversos frentes por supuestas irregularidades en el combate a la covid-19 o por difundir noticias falsas sobre la limpieza y transparencia del sistema electoral brasileño.
Aún cuando alienta las manifestaciones y pretende participar en las que se celebrarán en Brasilia y Sao Paulo, Bolsonaro también le ha bajado el tono a la convocatoria y ha pedido marchar en defensa de la "libertad" y los "valores conservadores", como la "familia, la propiedad privada y Dios".