Las víctimas de la represión de Merino en Perú piden acabar con su inmunidad

De forma paralela, el colectivo ultraconservador Coordinadora Republicana, de dónde salió gran parte del gabinete de Merino, exigió también este miércoles el cese de las investigaciones contra el mandatario, quien está protegido de acciones legales que lo afecten en calidad de expresidente.

En dos ruedas de prensa paralelas, quedaron patentes las visiones opuestas acerca de los procesos legales que indagan sobre los sucesos de noviembre de 2020 que se saldaron con la caída del Ejecutivo de Merino, centenares de heridos y el asesinato a manos de la represión policial de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Mientras unos piden al Estado peruano "reparación inmediata y justicia" para las víctimas, los heridos y sus familiares, los otros denuncian "una persecución política" contra quienes "cumplieron su misión de resguardar el orden público y el Estado de Derecho".

JUSTICIA Y REPARACIÓN

En la conferencia organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), los familiares y la defensa legal de Sotelo y Pintado urgieron a las autoridades peruanas a avanzar con el antejuicio político, un proceso por el cual el Congreso debe aprobar la retirada de la inmunidad de Merino, y cumplir con su obligación de "investigar, juzgar y sancionar tanto en el ámbito penal como administrativo y disciplinario" a los responsables de la muerte de estos jóvenes.

"Prácticamente hemos cumplido un año y hasta día de hoy no se ha encontrado justicia. No podemos vivir el luto que quisiéramos. Nos hemos quedado con es sinsabor del anterior gobierno", declaró Oscar Pintado, el padre de Bryan.

Por su parte, los abogados Ronald Gamarra y Carlos Rivera reconocieron la labor y el "avance significativo" del Ministerio Público, que logró formalizar la investigación preparatoria y presentar la denuncia penal contra Merino, el exprimer ministro Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves.

Los letrados lamentaron, sin embargo, que de manera extraoficial se conozca la "exculpación de todo tipo de responsabilidades" administrativas y disciplinarias de los agentes que habían sido investigados por abuso de autoridad y por "incumplir los propios reglamentos internos" del cuerpo policial.

En ese sentido, el padre de Bryan y la hermana de Inti, Killa Sotelo, instaron al actual ministro del Interior a aclarar y dar explicaciones de esta "lavada de manos", que consideran "una burla para las familias" y una muestra de impunidad.

Además, los allí presentes instaron al Congreso a aprobar la denuncia constitiucional del Ministerio Público: "Dejen de tapar a los criminales, permitan que la Fiscalía haga su trabajo", espetó Mar Pérez, abogada de la Cnddhh.

Asimismo, exigieron una reforma urgente de la policía y exhortaron al presidente Pedro Castillo a "aprobar la reparación inmediata" para las víctimas de la violencia policial.

"Pedimos justicia, reparación y no repetición ante todo porque tenemos una vida que seguir", declaró el joven Percy Pérez, uno de los heridos en las marchas.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

A la misma hora, la Coordinadora Republicana presentó en otra rueda de prensa la campaña "No a la persecución" y anunció la presentación de tres recursos ante la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Andino y el Parlamento Europeo, para "identificar penalmente a los promotores de los disturbios que desembocaron en el golpe de Estado".

"Resulta inadmisible que la Fiscal de la Nación, sin haber agotado los procedimientos de la investigación, haya decidido iniciar una investigación preparatoria de carácter criminal. Estamos ante una persecución de naturaleza política que esconde a los verdaderos culpables", señaló el abogado Ángel Delgado.

En la misma línea se expresó el exoficial de la marina Hugo Guerra, quien a pesar de "condenar la violencia sediciosa" y solidarizarse con "los deudos de las víctimas", apostilló que Merino y sus ministros están siendo "criminalizados" y "perseguidos políticamente por un imaginario delito, el haber cumplido con su misión de resguardar el orden público y el Estado de Derecho".

Guerra tachó de "prepotente, absurda y persecutoria" la denuncia constitucional de la Fiscalía, que "vulnera los derechos humanos" de los acusados y "lesiona a sus personas y su honor".

Sostuvieron que la policía "no tiene ninguna responsabilidad de los hechos de los que se la ha imputado" y que "en ningún momento usó armas letales", sino solo cumplió su deber "con honor y lealtad".