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“Celebramos las sanciones que llegan al Ministerio Público, alcaldes y más servidores corruptos de la dictadura de Ortega”, publicó la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco en sus redes sociales, junto con un cartel con los nombres de cada funcionario sancionado, y los rostros de algunos de ellos.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones al Ministerio Público de Nicaragua, así como a nueve altos cargos nicaragüenses, por su papel en la "represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales" tras la "farsa" de elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre.
Entre los sancionados por ser "socios claves en las políticas antidemocráticas" de Ortega figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría.
También los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Esteli y Matagalpa, así como el presidente del Instituto de Energía de Nicaragua, José Antonio Castañeda.
Según la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gacki, el "régimen" de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, está usando "legislación e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho a votar".
SANCIONES COORDINADAS
En tanto, el Reino Unido anunció sanciones contra ocho altos cargos del Estado nicaragüense, entre ellos la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, por su papel en la represión y otras irregularidades cometidas en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
En un comunicado, el ministerio de Exteriores británico precisó que estas medidas, que han sido coordinadas con Estados Unidos y Canadá, significan que los sancionados tendrán prohibida la entrada al Reino Unido y será congelados sus activos en este país.
Además de Murillo -esposa de Ortega-, son penalizados el titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; Ana Julia Guido, fiscal general de Nicaragua; el actual magistrado del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell; y dos jefes policiales.
"Nuevas sanciones al régimen, ahora al Ministerio Público y a nueve de sus secuaces. ¡Abril sigue vivo!", señaló, por su parte, el movimiento de exiliados Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), en referencia a los castigos y al mes de 2018 en que inició la rebelión contra Ortega en Nicaragua.
La organización de sociedad civil Articulación de Movimientos Sociales (AMS), que promovió la abstención en las votaciones del pasado día 7, también dio la bienvenida a las sanciones.
"Mucho más allá de la OEA, el rechazo a la #FarsaElectoral se extiende por el mundo y sus antiguos aliados abandonan a la dictadura", escribió la AMS en Twitter.
OEA DESCALIFICÓ ELECCIONES
Ortega y Murillo fueron reelegidos en las elecciones generales del 7 de noviembre, que estuvieron marcadas, entre otros, por la ausencia de siete aspirantes a la presidencia de la oposición que fueron encarcelados previo a las votaciones acusados de "traición a la patria, entre ellas la independiente Cristiana Chamorro.
Así como por la eliminación de tres partidos opositores, la derogación de la observación electoral, discrepancias sobre el nivel de participación, y una serie de leyes que restringieron la participación en el proceso.
El proceso electoral fue descalificado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional.