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La sentencia fue emitida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 30 de noviembre y ratificó una primera resolución dada por un tribunal judicial el 13 de enero de este año.
Al respecto, la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) informó a Efe que la sentencia "favorece a los pueblos indígenas", pero aún debe ser publicada en el diario oficial El Peruano para que entre en plena vigencia.
Remarcó que, por ese motivo, su publicación debe ser impulsada por el Viceministerio de Interculturalidad, como ente rector en derechos indígenas, incluyendo el de la consulta previa.
La organización aseguró que la resolución será retroactiva, ya que se podrá aplicar en casos en los que "se haya omitido o negado" este derecho desde 2012, cuando se publicó el reglamento de la Ley de Consulta Previa en Perú.
En ese sentido, sostuvo que se trata de una "sentencia sin precedentes para el respeto al derecho indígena a la consulta previa" en Perú, ya que eliminó de la normativa del país disposiciones que permitían que se pase por alto en servicios públicos como carreteras, hidrovías y líneas de transmisión.
Al respecto, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Jorge Pérez, también pidió a la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, "que impulse el paso final para que se corrija esta deuda de casi una década" con los pueblos indígenas.
Pérez agregó que, de esa manera, se incorporará su "cosmovisión ancestral" y sus propuestas en las decisiones estatales que puedan afectarlos.
La asociación DAR sostuvo que uno de los procesos en los que se quiso negar el derecho a la consulta previa en servicios públicos fue el de la Hidrovía Amazónica, un proyecto de dragado de grandes ríos de la Amazonía peruana en cuyas riberas se asientan 424 comunidades nativas pertenecientes a 14 etnias diferentes.
Esta situación llevó a organizaciones indígenas a presentar una acción judicial contra el Estado y este lunes se celebrará una audiencia para que organismos estatales y organizaciones vinculadas al proyecto sustenten el avance y grado de cumplimiento del acta de consulta previa del proceso.
La sentencia que eliminó las limitaciones a la consulta previa se emitió tras un proceso impulsado por Aidesep, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) y la Confederación Nacional Agraria (CNA), con la asesoría del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (Idlads) y el apoyo de DAR.