David Morales, abogado de las víctimas en el proceso penal que enfrentan más de una docena de mandos militares retirados y miembro de la organización no gubernamental Cristosal, dijo a la prensa que las exhumaciones “son un proceso permanente” ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“La Corte IDH ordenó al Estado (salvadoreño) realizar un mapeo de todas las fosas posibles para que se estuviera dando de forma permanente el proceso de recuperación de restos”, indicó y lamentó que no se haya cumplido.
La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Instrucción del municipio de San Francisco Gotera (oriente) y se realizara entre el 14 y 25 de febrero en las localidades de Cerro Pando y la Joya, ubicadas en el oriente del país.
Estas exhumaciones fueron solicitadas por la Comisión de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (CNB) y se espera que la mayoría de restos sean de niños.
El EAAF ha acompañado las exhumaciones relacionadas con la masacre de El Mozote desde que comenzaron en 1992, cuando recuperaron los restos de unas 400 personas, principalmente menores de edad.
La Corte Interamericana condenó en 2012 al Estado salvadoreño por este caso y estableció su responsabilidad por la masacre, la mayor registrada en Latinoamérica a manos de un ejército.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.
La masacre tuvo lugar durante la guerra interna (1980-1992), que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la entonces guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.