El diario The Irrawaddy señaló que las ejecuciones del antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeya Thaw y el activista Ko Jimmy, condenados el pasado enero acusados de terrorismo han sido aprobadas en fechas recientes junto a las de otros dos presos.
"El Departamento de Prisiones decidirá ahora cuándo proceder con las ejecuciones", dijo al periódico una fuente anónima cercana a la junta militar que tomó el poder en 2021 por un golpe de Estado.
La aprobación de los ajusticiamientos por las autoridades es un paso previo a las ejecuciones, muy raras en Birmania, donde la última tuvo lugar en 1988, según Amnistía Internacional (AI).
Desde la asonada militar del 1 de febrero de 2021, 113 personas han recibido sentencias de muerte en Birmania, un país que no ha revocado la pena de muerte, pero donde los condenados veían sus condenas cambiadas por penas de prisión tras los tradicionales indultos que las autoridades otorgan en fechas señaladas.
AI advirtió en su informe de mayo del "alarmante aumento" en el uso de la pena de muerte bajo la ley marcial impuesta en partes de Birmania, donde desde el golpe de Estado del Ejército son tribunales militares quienes han dirimido casos civiles, "lo que ha conducido a procedimientos sumarios sin derecho a recurrir".
El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 1.887 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han llegado a disparar a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, conforme a los datos recabados por la oenegé Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.