El Tribunal Correccional de París sentenció por esos hechos a tres años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, a López Jurio, profesor de euskera de 58 años, que a mediados de los años 1980 fue objeto de una orden de busca y captura de la Justicia española por su presunta relación con un comando de información de la banda que no está vigente desde 1999.
Este hombre que pasó una docena de años refugiado en México hasta 1998, cuando se instaló en el País Vasco francés (ha estado viviendo a caballo entre Biarritz, donde trabaja, y Pamplona, donde se encuentra su familia), estuvo en prisión provisional tras su arresto el 28 de mayo de 2015 y junio de 2016, por lo que no volverá a la cárcel.
A Chasseriaux, arquitecta de 46 años que por su parte pasó un mes en prisión provisional tras su detención en la misma operación, recibió una pena de 18 meses, exentos de cumplimiento entre rejas, salvo si reincidiera en los próximos cinco años.
En su casa del centro de Biarritz, Villa Cambarre, se encontraron 26 revólveres y pistolas procedentes de un robo perpetrado por ETA en el sureste de Francia en octubre de 2006, así como componentes para confeccionar explosivos (43 kilos de polvo de aluminio, 3 kilos de pentrita), activadores de artefactos, cordón detonante, decenas de matrículas vírgenes y una troqueladora.
Según la versión de López Jurio, que aseguró ante el tribunal que nunca ha sido miembro de ETA (aunque ha tenido contactos con varios activistas y llegó a vivir con dos de ellos), la organización terrorista le contactó a finales de 2014 por correo para que guardara el material con vistas al "desarme" y "la resolución del conflicto".
Entonces pidió ayuda a Chasseriaux -con la que había tenido una relación sentimental en el pasado-, quien le prestó su furgoneta para transportar todos esos elementos, y le permitió guardarlos en su casa.
Ambos han asegurado en el proceso, que comenzó este jueves, que Chasseriaux no conocía de forma precisa el contenido del arsenal y ella presentó su implicación como "un favor a un amigo".
En contra de las pretensiones de los abogados de la defensa, el tribunal reafirmó en su sentencia que en 2014-2015 ETA seguía siendo una organización terrorista desde el punto de vista judicial.
En primer lugar porque su proclamación del fin definitivo de la violencia y sus anuncios sobre el desarme hasta entonces eran "decisiones unilaterales" y porque hasta la entrega en abril de 2017 a las autoridades francesas, disponía de un arsenal de armas y explosivos.
El fiscal subrayó que el relato de los miembros de la pareja suscita muchas dudas sobre su veracidad en razón de las "tergiversaciones", las "contradicciones" y los cambios de versión durante su detención, en la instrucción e incluso durante la audiencia.
Sobre todo, hizo hincapié en que en 2015 cuando los acusados pretenden haber participado en el desarme de ETA (López Jurio llegó a calificarse de "precursor" de la entrega de armas a las autoridades francesas en abril de 2017) el proceso "no era irreversible".
"El proceso de desarme en ese momento era reversible", el arsenal de ETA no estaba neutralizado, podría haber sido utilizado y constituía un medio de presión, y los objetivos de la banda por tanto debían ser considerados terroristas, señaló el representante del Ministerio Público.
Puntualizó que aunque ETA proclamó en 2011 el abandono definitivo de la lucha armada, las entregas del arsenal militar no se produjeron hasta 2017 y 2018.
A su parecer, la operación que se escenificó en 2014 con un vídeo grabado en Toulouse con dos miembros de la llamada Comisión Internacional de Verificación, fue muy parcial en términos de volumen de armas. Además, tuvo un carácter "unilateral" y no ofreció ninguna garantía de su neutralización.
"En 2015 -resumió el fiscal- la palabra de ETA no bastaba" para creer en un proceso irreversible de abandono de la acción violenta.