El ministro de Hacienda, Gabriel Attal, insiste, en una entrevista publicada este domingo en Le Journal du Dimanche, en que "haremos la reforma de las pensiones" porque el régimen actual "es deficitario" pero también porque se quiere financiar el aumento de la pensión mínima a 1.100 euros mensuales (ahora ronda los 1.000 euros) y cubrir gastos de dependencia.
También -añade Attal- porque el Ejecutivo pretende invertir más en educación para aumentar en un 10 % los sueldos de los profesores o contratar 3.000 policías y gendarmes el año próximo. Todo eso sin aumentar los impuestos y sin que se dispare la deuda "que las generaciones futuras tendrán que pagar antes o después".
Por eso persiste el Gobierno en el proyecto del presidente francés, Emmanuel Macron, de "trabajar más para vivir mejor" que en la práctica podría traducirse en aumentar la edad mínima de jubilación de los 62 años actualmente a 64 ó 65 años.
Sin embargo, a la pregunta de si esa reforma se incorporará al proyecto de ley de presupuestos para 2023 en forma de enmienda que se empezará a debatir en el mes de octubre, el titular de Hacienda elude responder con el argumento de que "ese punto lo decidirán el presidente y la primera ministra".
Su mensaje es que, tanto si se utiliza ese mecanismo rápido como si se opta por dar hasta final de año para discutir con patronal, sindicatos y partidos políticos antes de presentar un proyecto de ley específico a comienzos de 2023, "los interlocutores sociales y el Parlamento estarán en el centro de esos debates".
Attal, en cualquier caso, no se hace muchas ilusiones sobre la disposición a participar en esos debates porque "muchos en la izquierda y en los sindicatos" rechazan el diagnóstico del Ejecutivo sobre el déficit del sistema de pensiones y sobre la necesidad de alargar los periodos de cotización.
La reforma de las pensiones fue una de las grandes promesas de campaña de Macron en la campaña para su reelección el pasado mes de abril, con el objetivo de que entre en vigor en el verano de 2023.
Pero tras los comicios legislativos de junio, el jefe del Estado ha perdido la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, de forma que necesita el apoyo de algún grupo de oposición.
El problema es que con la reforma de las pensiones se enfrenta al rechazo de buena parte de esa oposición, desde la coalición de izquierda NUPES (que reúne a La Francia Insumisa, los ecologistas, los socialistas y los comunistas) a la extrema derecha de Marine Le Pen.
Por no hablar de los sindicatos, que están unánimemente en contra de esa reforma, aunque con matices. Ni siquiera la patronal está muy por la labor, ante el temor a que se desencadene una ola de huelgas y protestas.
El principal apoyo potencial en la oposición serían los conservadores de Los Republicanos.