Aragonés, de Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), se vio forzado a renovar su gobierno después de que el pasado día 7 sus socios de Junts per Cat (JxCat), formación a la que pertenece el expresidente catalán Carles Puigdemont, decidieran la ruptura de la coalición.
Esta decisión, propuesta por la dirección del partido, fue abalada por la militancia en un referéndum, despues del deterioro de las relaciones entre los dos socios en el Gobierno autonómico, formado tras las elecciones de mayo de 2021 y que se ha ido agravando en los últimos meses, porque JxCat reclamaba a Aragonés que cumpliera el acuerdo de legislatura para avanzar en el proceso independentista, mientras que éste se muestra más pragmatico y fija sus prioridades en la aprobación de un nuevo presupuesto regional.
Los nuevos consejeros, que está previsto que tomen posesión el próximo martes, cubrirán las vacantes que dejaron sus siete predecesores de JxCat y serán los encargados de Derechos Sociales, Investigación y Universidades, Justicia, Derechos y Memoria, Salud, Economía y Hacienda, Acción Exterior y Territorio.
Estos consejerosm que no pertenecen a ERC, proceden del nacionalismo moderado, del partido socialista y del grupo de izquierda En común Podem, además de otros independientes.
Desde que se conoció la ruptura del Gobierno catalán, tanto desde el partido socialista, que ganó las últimas elecciones en votos y empató en escaños con ERC, como desde En Común Podem, apoyaron la continuidad de la legislatura; y tampoco Aragonés era partidario de un adelanto electoral, pese a que su partido queda en franca minoría, con sólo 33 diputados de los 135 que componen el Parlamento Catalán.
El principal reto al que debe enfrentarse el nuevo Ejecutivo es el de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2023, ya que si no, tendrían que prorrogar los de 2022, con un techo de gasto menor.