"Debe ser eliminado", ha exigido Catalin Drula, líder de del partido centrista y reformista Unión Salvad Rumanía (USR), en un mensaje en la red social Facebook, en relación a la Dirección General de Protección Interna (DGPI), el servicio secreto de Interior.
En ese mensaje ha pedido "una reforma de los servicios secretos" que limite su poder y dé al Parlamento más control sobre ellos.
Las declaraciones de Drula llegan tras emitirse ayer un documental del prestigioso medio de investigación Recorder en el que exfuncionarios de Interior denunciaban que la DPGI fue utilizada para dar una apariencia legal a despidos por motivos políticos.
Un jefe de Policía provincial, por ejemplo, asegura que fue cesado tras investigar al presidente de la autoridad regional y negarse a colocar a allegados suyos en el cuerpo.
Este funcionario fue apartado del cargo bajo la excusa de que ya no estaba facultado para acceder a informaciones clasificadas.
La legislación rumana permite a los servicios secretos, por razones de seguridad nacional, no revelar el motivo de ese tipo de decisiones.
Según se desprende del documental, esta práctica para deshacerse de funcionarios incómodos se ha utilizado en muchas otras ocasiones.
La investigación también sugiere que la DGPI fue cómplice en la instalación de los aparatos de grabación audio y vídeo descubiertos en 2019 en el despacho del jefe de la Policía, y que el agente que descubrió los dispositivos fue apartado por el mismo procedimiento que el jefe regional de la Policía.
La DGPI fue creada en febrero de 1990, semanas después de la caída de la dictadura comunista, con personal de la policía política del antiguo régimen, la temida Securitate.
Este servicio estuvo bajo sospecha desde el principio y ha sido acusado de haber organizado episodios de represión violenta del primer Gobierno poscomunista contra la oposición a principios de la década de 1990.