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"Los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica fueron ferozmente atacados por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que en ocasiones utilizaron fuerza ilegítima y provocaron lesiones y muertes", señaló la organización pro derechos humanos.
Desde que aumentó el malestar a finales de marzo del año pasado por la escasez de combustible y los cortes eléctricos de 13 horas diarias, cientos de manifestantes se congregaron frente a edificios gubernamentales, y aunque "las protestas eran en general pacíficas, las autoridades restringieron por diversos medios la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica", indicó AI.
Las fuerzas de seguridad a menudo "trataban de conseguir órdenes judiciales preventivas contra los actos de protesta sin alegar ninguna justificación razonable, o se negaban a autorizar las manifestaciones previstas, lo que vulneraba el derecho a la libertad de reunión pacífica", remarcó el informe.
DETENCIONES ARBITRARIAS
AI también denunció en su informe que las autoridades esrilanquesas realizaron arrestos "de manera arbitraria y sin seguir el debido proceso, hasta el punto de que, a veces, la detención era efectuada a la manera de un secuestro por agentes sin uniformar y sin ninguna orden de detención".
Estos arrestos se efectuaron en ocasiones sin especificar el motivo, vulnerando así "el derecho de la persona detenida a la libertad y a la seguridad, así como a un juicio justo, dejándola fuera de la protección de la ley y en peligro de sufrir tortura y otros malos tratos", precisó la organización.
Asimismo, las autoridades recurrieron al estado de excepción y a la legislación penal, como la Ley de Prevención del Terrorismo, para reprimir las protestas y presentar cargos contra manifestantes, incluidos activistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y estudiantes, acusados de participar en "reuniones ilegales".
El Gobierno de Sri Lanka no ha hecho avances "a la hora de juzgar ante tribunales civiles ordinarios y con las debidas garantías a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por violaciones denunciadas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas durante los tres decenios de conflicto", según AI.
La sociedad es cada vez más consciente del abuso del gobierno en la aplicación de estas leyes gracias a la visibilidad de los medios de comunicación, según explicó este martes Ambika Satkunanathan, excomisionada de Human Rights Watch en Sri Lanka (HRW) durante la presentación del informe.
"La ciudadanía se ha dado cuenta de muchas cosas que han estado pasado por décadas", como la brutalidad del Estado en el ejercicio de las leyes para reprimir protestas, destacó.
Por otro lardo, el informe señala que familiares de víctimas de personas desaparecidas perdieron aún más la confianza en organismos de justicia nacionales "tras la designación de miembros que no se consideraban independientes" y denunciaron ante la organización "haber sido vigiladas e intimidadas" por las autoridades.
Este colectivo, además de quejarse por las restricciones que se les impuso para celebrar protestas y actos de conmemoración de víctimas pacíficos, enfatizó que "se las presionaba para que aceptaran indemnizaciones económicas y certificados de defunción en lugar de declaraciones de ausencia hasta que se verificara la suerte de las personas desaparecidas", sentenció AI.