El pleno del Supremo decidirá el próximo 11 de agosto si refrenda la decisión de uno de sus miembros, el ministro Alexandre de Moraes, de proteger a esta población de "actuaciones agresivas muchas veces practicadas por agentes del Estado".
Además de prohibir el "retiro forzoso" de pertenencias y el "desplazamiento obligatorio" de las personas sin hogar, De Moraes ordenó a las autoridades garantizar la "seguridad personal" de esta población y sus bienes, así como el abrigo de sus mascotas en los albergues públicos.
El ministro consideró en su decisión, divulgada el martes, que este grupo sigue siendo "ignorado por el Estado y por las políticas públicas", por lo que emplazó al Gobierno federal a elaborar en un plazo de 120 días un plan de acción para abordar este desafío, agravado por el impacto duradero de la pandemia sobre los más vulnerables.
La decisión de De Moraes responde a una denuncia presentada por partidos políticos de izquierda y de la ONG Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), en la que se apuntaba al reciente aumento de la población sin hogar y a las "condiciones inhumanas" en las que vive.
El padre Julio Lancellotti, activista conocido por su combate al hambre en Sao Paulo, tachó de "histórica" la decisión de De Moraes en una entrevista con la cadena Globo y afirmó que hay que "convivir" con la población en situación de calle y no "hostilizarla".
Brasil registró 281.000 personas en esta condición a finales de 2022, un aumento del 38 % respecto a 2019 y del 211% respecto a una década atrás, según los últimos datos oficiales.
En Sao Paulo, donde hay más de 32.000 según la Alcaldía, las autoridades municipales han sido acusadas por las ONG de querer expulsar a los sin hogar bajo el pretexto de "revitalizar" el centro histórico de la ciudad.