"La brutal represión policial de las protestas y de la actividad política pacífica niega a todos los angoleños su derecho a participar en el proceso político y en el futuro de Angola", dijo este lunes en un comunicado Zenaida Machado, investigadora sénior sobre África de HRW.
Según la organización, miembros de la Policía y su Servicio de Investigación Criminal así como de los servicios de inteligencia del país estuvieron involucrados en las muertes y las detenciones de activistas políticos, artistas críticos con el poder y manifestantes que participaron en protestas antigubernamentales pacíficas.
Para llevar a cabo su investigación, HRW entrevistó entre enero y junio de 2023 a 32 víctimas de abusos, familiares, testigos y fuentes de seguridad en la capital, Luanda, y en las provincias de Cabinda (exclave al norte del país) y Bié (centro).
Entre los afectados, por ejemplo, se encuentran un grupo de hombres jóvenes cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en febrero en la morgue de un hospital en Luanda, después de participar en varias manifestaciones y ser detenidos por agentes que se identificaron como miembros de la unidad de investigación criminal.
La organización también registró el caso del rapero y activista Kamesu Voz Seca, arrestado durante cinco días sin cargos después de que la Policía encontrara en su coche durante un control de carretera nocturno papeletas con consignas contra el presidente del país, João Lourenço.
De acuerdo a HRW, las fuerzas de seguridad angoleñas han violado durante décadas los derechos "fundamentales" de la población, perpetrando "ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegales, usando una fuerza excesiva a innecesaria contra manifestantes y acosando y deteniendo arbitrariamente (...) a activistas de la oposición".
Aunque el Gobierno ha puesto en marcha algunas medidas durante los últimos años para mejorar esta situación, como la formación de los cuerpos de seguridad en derechos humanos, el procesamiento de agentes por estos abusos sigue siendo "escaso" y no se han desarrollado "medidas fuertes de rendición de cuentas", lamentó la organización.
De hecho, el país no tiene un organismo independiente para dar respuesta a las quejas sobre el uso "inadecuado" de la fuerza por parte de la Policía.
"Las autoridades angoleñas deberían tomar urgentemente medidas significativas para abordar la vigilancia policial ilegal o esperar más abusos policiales en el futuro", concluyó Machado, al pedir investigaciones "imparciales y transparentes".
Organizaciones pro derechos humanos han venido denunciando la represión de la voces disidentes en Angola y, durante la pandemia del coronavirus, documentaron varios asesinatos cometidos por las fueras de seguridad, como cuando la Policía mató en enero de 2021 a decenas de activistas que protestaban pacíficamente por el alto costo de la vida en el pueblo minero de Cafunfo (norte).
Asimismo, entre marzo y noviembre de 2020, Amnistía Internacinal (AI) y la ONG pro derechos humanos angoleña Omunga identificaron al menos once "homicidios a manos de las fuerzas de seguridad del país", cuyas víctimas tenían entre 14 y 35 años.