Según datos de la Defensoría, son 35 servidores públicos y 42 candidatos los que han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados en 14 de los 32 departamentos de Colombia: Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.
"Le hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales, que serán celebradas en octubre de este año”, indicó Camargo.
Estas medidas cautelares solicitadas "tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática", añadió el defensor.
La solicitud se da "por el contexto actual que vive el país, sobre todo, por la vulneración de derechos humanos que enfrentan no solo servidores públicos, sino las comunidades en las distintas regiones de la geografía nacional", alertó la Defensoría en un comunicado este viernes.
AMENAZAS A AUTORIDADES LOCALES
Hay 26 alcaldes amenazados y despachando afuera de sus municipios: los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).
También los de San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó).
Tres gobernadores -Tolima, Guaviare y Meta- están amenazados, una situación en la que también están un personero, cuatro concejales y un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.
Por otro lado, la Defensoría informó que son 42 candidatos que compiten para ocupar cargos públicos los que han sido amenazadas y víctimas de atentados en sus campañas. Aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones han sido intimidados por grupos armados ilegales.
La situación más crítica se vive en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.
"No en vano, de manera preventiva, emitimos la Alerta Temprana 023 del 2023 para advertir los riesgos que pueden incidir en los comicios. Nuestro propósito es que sea mejorada la respuesta institucional, inmediata", aseguró Camargo.
La Defensoría identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, lo cual quiere decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos.
Los grupos responsables de esta violencia son el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), entre otros.
"De la Comisión esperamos una respuesta satisfactoria porque nuestro objetivo misional es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la jornada electoral. La vida y los derechos políticos de los ciudadanos tienen que ser salvaguardados", concluyó Camargo.
Colombia celebrará el próximo 29 de octubre elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles y miembros de las juntas administrativas locales.