Andrade Silva fue condenado en su país a 30 años y 4 meses de cárcel por el asesinato de las dos mujeres, de las que sospechaba que eran infiltradas de una banda rival en el negocio del narcotráfico.
Por videoconferencia, su abogada insistió también en que la vida de su representado correría peligro en su país, donde, según ella, tuvo un juicio “injusto” porque además no estuvo presente.
La letrada apeló a la Declaración Universal de Derechos Humanos para afirmar que “toda persona tiene derecho a buscar asilo político” cuando se encuentra en una situación como la de su defendido, e instó a que España le conceda esa protección, como la que ya tuvo y “le salvó prácticamente la vida”.
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Mientras, la Fiscalía se mostró a favor de la entrega, si bien la supedita a que se le juzgue de nuevo en presencia “y debidamente defendido”.
Un brasileño condenado por su participación en la ejecución de las mujeres
La solicitud de extradición parte del Tribunal de Ejecuciones Penales, Precautorias Penales y Tribunal del Jurado de la Comarca de Ipatinga/Minas Gerais (sureste de Brasil).
En ella, se atribuye al reclamado su participación en el asesinato de dos mujeres junto a “otros tres sujetos”, todos ellos “individuos de alta peligrosidad por su relación con grupos criminales relacionados con el narcotráfico”.
Decidieron matarlas, continúa el relato, al sospechar que estaban pasando información sobre tráfico de drogas a un grupo rival “y que habían denunciado un plan criminal relacionado con el tráfico de drogas en el municipio de Joanesia”.
Al reclamado se le acusa directamente de haber obligado a las chicas a caminar descalzas por el bosque de noche y cruzar un arroyo, hasta llegar a un camino cercano, “donde fueron cruelmente ejecutadas a balazos”.
Por estos hechos el reclamado fue condenado por el Tribunal de Jurado de Ipatinga a 30 años y 4 meses de prisión, de la que cumplió 1 mes y 23 días.