Durante una audiencia, las autoridades indígenas, de diversos pueblos del oeste del país, solicitaron a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que anulen el artículo de la ley interna del Ministerio Público (Fiscalía) que impide al presidente destituir a la fiscal general.
Edgar Tuy, dirigente indígena del departamento (provincia) de Sololá, expuso a los magistrados que la Fiscalía "carece de credibilidad" y que Porras Argueta debe ser destituida debido a que, en su criterio, "sus acciones contra el proceso electoral no son objetivas".
Desde octubre, cientos de indígenas de Guatemala han encabezado masivas protestas y bloqueos de carreteras, también han sumado más de 40 días durmiendo frente a la sede central de la Fiscalía para exigir la renuncia de la fiscal general, Porras Argueta, y la cúpula de dicha institución.
Los pueblos indígenas denunciaron ante el máximo tribunal que Porras Argueta "atenta contra la pureza del proceso electoral", debido a que desde julio pasado ha intentado, por medio de un proceso judicial, revertir la victoria del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
Posterior a la audiencia de este lunes, los magistrados constitucionales deberán deliberar si aceptan la solicitud presentada por las autoridades indígenas.
Diversos actores de la comunidad internacional, entre ellos el Gobierno de Estados Unidos y la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE), han condenado las acciones de la Fiscalía y de un sector del organismo judicial contra "la voluntad popular expresada en las urnas" en las jornadas electorales del 25 de junio y 20 de agosto.
El próximo 14 de enero, el progresista Bernardo Arévalo de León, cuya principal promesa electoral es combatir la corrupción del país centroamericano, debe tomar posesión en sustitución del actual mandatario, Alejandro Giammattei.