Tras rechazar cuatro recusaciones presentadas, entre otros, por miembros del partido oficialista, Pacto Histórico, la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia retoma este 11 de diciembre el proceso de investigación al presidente Gustavo Petro, por presunta financiación ilegal y por superar el tope de gastos de campaña.
Todo el caso comenzó cuando el pasado mes de junio varias publicaciones periodísticas revelaron audios del exembajador en Venezuela y una de las personas más cercanas a Petro durante la campaña, Armando Benedetti, donde hablaba de unos dineros que podrían haber entrado a la campaña.
En los audios enviados a la ex jefa de gabinete Laura Sarabia, el exembajador alega que él recaudó esos “15.000 millones de pesos” (unos 3,7 millones de dólares al cambio de hoy) para la campaña de Petro y le dice que si él habla y cuenta quienes financiaron su campaña en la costa atlántica, acabarán todos presos.
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Todo ello fue asunto de investigación, que más tarde derivó en la detención del hijo del presidente, Nicolás Petro, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en un caso donde también se cuestionó la financiación de la campaña que llevó a Petro a ser presidente.
La Fiscalía detuvo a Nicolás Petro y su exesposa, Daysuris Vásquez, pero se tuvo que abstener de investigar a Petro, pues se sale de sus competencias, por lo que remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara la notificación.
Esta se sumó a la denuncia ya presentada por una decena de demandantes, entre ellas dos congresistas de la oposición, para investigar a Petro y la posible financiación irregular de la campaña.
Ahora, para retomar la investigación, la Comisión pidió para esta fase, que aún es preliminar y se hará de manera reservada, a varios organismos las pruebas y procesos que tengan en su poder para proseguir con la investigación.
Así, por ejemplo, a la Fiscalía le pide que remita “todos los procesos activos en la entidad relacionados con la campaña presidencial”, y “en especial aquellas investigaciones seguidas contra Daysuris del Carmen Vásquez, Nicolás Petro Burgos, Ricardo Roa, gerente de campaña” y actual presidente de Ecopetrol
A la Corte Suprema, por su parte, le pide las posibles investigaciones sobre la campaña; a la Procuraduría los procesos por faltas disciplinarias durante la campaña; a la Contraloría también los “procesos de responsabilidad fiscal activos” en relación con la campaña y al Consejo Electoral un informe sobre topes de campaña, cuentas registradas y otros documentos técnicos.
También a la Revista Semana, uno de los medios que destapó el escándalo, se le pide las noticias sobre la presunta financiación ilegal y “la fuente de la cuál se obtuvieron los audios de Whatsapp de Armando Alberto Benedetti”, y a la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) las declaraciones de la renta de Petro.
De momento, la Comisión no contempla citar ni al presidente ni a ninguno de los otros involucrados en el caso.